El Callao. La fiscalía peruana pidió este jueves a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero.
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Un Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará este mismo jueves en la tarde el pedido de "impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la Refinería La Pampilla, [el ciudadano español] Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena", informó el Poder Judicial en Twitter.
El derrame de unos 6 mil barriles de crudo, calificado como "desastre ecológico" por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
El buque ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, frente al puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.
Entidades fiscalizadoras
El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.
La solicitud de la fiscalía incluye a tres directivos peruanos de la petrolera, quienes también son "investigados por el presunto delito de contaminación ambiental", dijo el Poder Judicial.
Ellos son Renzo Tejada Mackenzie (jefe del terminal marítimo 2 de la refinería), Gisela Posadas Jhong (gerente de Calidad y Medio Ambiente) y José Reyes Ruiz (gerente de Seguridad).
El pedido a la justicia lo hizo el fiscal Ariel Tapia, quien afirmó que "es necesario" además indagar eventuales responsabilidades de los organismos peruanos de fiscalización, como la dirección de capitanías de puertos.
El procurador [abogado litigante] del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó que el delito de contaminación ambiental "tiene una penalidad de 4 a 5 años".
Sin embargo, aclaró que el delito "en agravado puede subir de 6 a 7 años", pues los jefes de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo "información falsa" sobre el derrame a las autoridades.
Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido "seis galones" de crudo (24 litros)", pero después se comprobó que eran unos 6 mil barriles (casi un millón de litros).
Repsol informó a la prensa al día siguiente del siniestro que se trataba de un "derrame limitado", y que al momento de la fuga se activaron los protocolos de seguridad y sus brigadas lograron controlar "el incidente" el mismo día 15.
La petición del fiscal Tapia la resolverá el Juzgado de Investigación de Ventanilla.
