Xalapa, Ver. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, informó que de marzo del 2021 –que se aprobaron reformas al delito de ultrajes– a la fecha se han registrado 31 quejas por violaciones a derechos humanos en detenciones relacionadas por el delito de abusos de autoridad.
Durante su comparecencia ante el Congreso Local, Matzumoto Benítez dijo que de estas, 24 expedientes de queja están en la Dirección de Atención a Víctimas, y siete están en visitadurías, “y ya están en proceso de que se hagan proyectos de recomendación”.
A pregunta de una diputada que preguntó sobre los casos de abuso de autoridad: José Antonio y Rafael N, del municipio de Actopan, que fueron señalados de ultrajes a la autoridad, por negarse a vender sus predios; y Oscar Felipe N, quien fue detenido por que se le quedó viendo a un policía que le pareció agresivo, Namiko Matzumoto dijo que ambos casos ya son atendidos por la comisión.
“Por razones de confidencialidad no puedo entrar al detalle, pero puedo señalar que en el primero de los casos está en la Comisión de Quejas y Orientación; y el segundo de los casos, se encuentra en la Dirección de Atención a Víctimas para ser referido a la visitaduría, ya para resolver”.
La titular de la CEDH aseveró que la institución que representa no “guardó silencio institucional” ante la reforma al Código Penal que sanciona el delito de ultrajes a la autoridad.
“Desde el 18 de marzo del 2021, cuando el tema se discutía por académicos y sociedad civil organizada, emitió un posicionamiento en donde “establecimos que por una disposición de la ley que nos rige estábamos impedidos para emitir una opinión o pronunciarnos respeto de la constitucionalidad o no de este tipo penal”.
Y adelantó que la CEDH ejerció su facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad, “cuando la Comisión de Derechos Humanos advierte que una norma puede eventualmente tener vicios de inconstitucionalidad, la ley la faculta para poner una acción de inconstitucionalidad, y el órgano competente para determinar si esa norma es constitucional o inconstitucional es la SCJN”
Matzumoto Benítez informó que el 12 de abril del 2021 presentó una acción de inconstitucionalidad contra del delito de ultrajes a la autoridad, reformado mediante el decreto 848 publicado el 11 de marzo del 2021.
“El 19 de abril de ese año, la SCJN radicó el expediente 66/2021 de acción de inconstitucionalidad, que actualmente se encuentra en trámite acumulada la acción de inconstitucionalidad 59/2021, y estamos a la espera de la decisión de la SCJN”.
