Ciudad de México. La reforma al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) no tiene por objeto “corregir ni convalidar el proceso de mi designación como director titular”, sino aclarar ambigüedades, prevenir futuras discrepancias y maximizar la certeza jurídica en la aplicación de los estatutos, afirmó el titular del organismo José Antonio Romero Tellaeche, quien reiteró su llamado al diálogo a la comunidad y el respeto a la pluralidad y la apertura de ideas.

En una carta dirigida a su comunidad, tras las protestas por la modificación de su marco normativo, destacó que dichas reformas “no tienen efectos retroactivos. Mi nombramiento como director general y el proceso mediante el cual fui designado es absolutamente válido”.

Romero Tellaeche, señala que si bien “ha sido objeto de distintas demandas o juicios, debe decirse que no ha merecido ningún acto de suspensión ni de limitación jurídica alguna. El nombramiento está vigente y goza de toda fuerza legal”, y aclaró que su participación en la sesión de la Asamblea General de Asociados el pasado lunes, “obedece, precisamente, a mi carácter de Director General del CIDE”.

Indicó que los señalamientos sobre una “pretendida corrección o convalidación posterior de mi nombramiento faltan a la verdad y sólo tienen por propósito mover a la inseguridad y a la confrontación en el seno de nuestra comunidad”.

El funcionario señaló que el uso de la fuerza, como “medio para imponer intereses particulares es una medida antidemocrática, autoritaria y sin razón que debe ser desterrada. Cualquier acto de violencia daña a la institución, es absolutamente innecesario, no tiene cabida y es inadmisible”.

Por ello, exhortó a quienes han manifestado su inconformidad a que sus manifestaciones “se realicen con respeto a nuestra comunidad, así como a los principios democráticos y de pluralidad a los que nos debemos, en el marco de los principios de nuestra sociedad democrática, la concordia y la civilidad”.