Ciudad de México. Si no existe, por parte de del Gobierno Federal, la aplicación contundente de una política de cero tolerancia a la introducción, comercialización, circulación y contrabando de unidades usadas ilegales, el nuevo decreto para la legalización en 10 estados de la República Mexicana de vehículos usados importados – publicado el pasado 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) –, sólo estará dando pauta para que existas una nueva oleada de automotores “chatarra”, que no sólo frenarán las ventas automotrices en el mercado interno, sino que ponen el riesgo la seguridad y salud de los habitantes al no cumplir con las normas de seguridad y protección al medio ambiente, advirtió Guillermo Rosales Zarate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores (AMDA), quien reiteró a nombre de todos los organismos cúpula de este sector, que no se justifica regular esas unidades de contrabando, dado que hay procesos para importarlos legalmente.
Acompañado de José Guillermo Zozaya Délano, presidente ejecutivo en Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Virginia Olalde, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPAC), así como de Francisco González y Alberto Bustamante, presidente y director de Industria Nacional de Autopartes (INA), respectivamente, informaron que analizan a fondo el decreto de regularización de 2 millones de autos “chocolate” que circulan en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, a fin de ver la factibilidad de promover un amparo.
“Todos los organismos cúpula de la industria automotriz mexicana coincidimos que la decisión tomada por el gobierno, y que se plasma en el decreto para la legalización de autos usados importados, solo provocará una caída en las ventas de unidades nuevas, además de una serie de afectaciones en cuanto a seguridad y protección al medio ambiente, pues muchos de estos automotores son ya chatarras que no cumplen con las normas establecidas en cuento a estos aspectos.
Por tal motivo, todo el gremio buscará una serie de adecuaciones al decreto a través de la formulación de las reglas secundarias que permita atenuar el impacto adverso no sólo para el sector automotor, sino para el resto de la economía y que de se establezcan políticas claras y de celo tolerancia que aseguren que no existirá más la nociva práctica de tolerar el contrabando automotriz.
El presidente de la AMDA lamentó que el Ejecutivo Federal no convocó al sector automotriz para ofrecer alternativas al fenómeno de vehículos usados de contrabando que daña no sólo a los distribuidores y demás eslabones productivos automotrices, sino también la salud pública, el medio ambiente y la seguridad vial.
“No queda justificada la regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando cuando se cuenta con un marco que permite la existencia de una oferta complementaria de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentra vigente desde agosto de 2005, y que en su última versión el Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados expedida en julio de 2011 y prorrogada por el gobierno del propio Presidente López Obrador hasta el 30 de septiembre de 2024, permite que todo consumidor mexicano con legítimo interés en un usado para satisfacer sus requerimientos de movilidad o de trabajo pueda hacerlo cumpliendo con sus impuestos respectivos y obligaciones”, expresó Guillermo Rosales Zarate.
Y es que el problema del contrabando automotriz, advirtió, lejos de terminarse éste ha crecido de forma más evidente desde 2017 principalmente en los Estados fronterizos por la falta de acciones de autoridades aduaneras, federales, estatales y municipales que permitan su introducción, circulación y comercialización.
“Esto ha generado distorsiones que afectan el valor de los vehículos legales resintiendo sus propietarios una disminución en el valor de éstos y con ello teniendo una repercusión en la disminución de las posibilidades de adquirir un vehículo en mejores condiciones usado o nuevo”, dijo.
Este nuevo decreto, anticipó Rosales Zárate, tendrá las mismas repercusiones que desde 1979 hasta el 2013 han tenido 30 disposiciones y este será que si no existe por parte del Gobierno Federal la aplicación contundente de una política de cero tolerancia al contrabando automotriz, habrá una nueva oleada de vehículos de condiciones irregulares.
El directivo dijo que si bien aún no hay una cifra exacta sobre el impacto que tendrá este decreto en las ventas y producción de vehículos nuevos en el país, lo cierto es que será un fuerte golpe para toda la industria automotriz, la cual contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Asimismo, el ejecutivo destacó que este decreto afecta también a los propietarios de vehículos adquiridos legalmente en nuestro país, que hacen un esfuerzo extraordinario, no únicamente para su adquisición, si no también para el pago de todas sus contribuciones y derechos a los cuales están obligados para poder transitar legalmente, y este nuevo ordenamiento creará distorsiones que afectarán el valor de los vehículos legales, disminuyendo con eso el valor de propiedad de la unidad y las posibilidades de que adquiera un vehículo en mejores condiciones, ya sea usado o nuevo.
Por este motivo, las distintas asociaciones de esta industria están ahora evaluando el emprender acciones legales ante el decreto de regularización, no solo por los impactos que significará en las ventas de autos nuevos, sino también por las afectaciones que causa en cuanto a la seguridad y el medio ambiente.
Por su parte, Alberto Bustamante, director de INA, subrayó al respecto, que el proceso de regularización deja una vez más a México como el traspatio de su chatarra automotriz.
Estos autos “chocolate” han sido, incluso, llamados como “basura automotriz” al no cumplir con los estándares necesarios, ni en materia ambiental ni de seguridad, para circular en Estados Unidos; razón por la cual terminan llegando a México.
De haber sido considerados, ejemplificó, se hubiera aplicado lo que se hizo en 2012 cuando se llevó a cabo la regularización emprendida por el Estado de Chihuahua en que como requisito previo a que el Gobierno Federal concediera un esquema de facilitación administrativa, el Gobierno estatal se comprometió a implantar la verificación de emisiones contaminantes de forma obligatoria y no como en el Decreto anunciado recientemente donde sencillamente se hace una mención de este tema sin tener un efectivo control que satisfaga su cumplimiento, señaló Rosales Zárate.
El objetivo, aseguró el líder de los distribuidores, es que se pueda atenuar el impacto negativo que tendrá la regularización de vehículos ilegales no solamente para el sector automotor, sino para el resto de la economía y la sana convivencia de la sociedad en aquellos Estados donde se realizará la regularización y, por supuesto, para que de una vez por todas se emitan las políticas públicas para asegurar que ya no se continuará con esta nociva práctica de tolerar el contrabando automotriz.
¿Qué es lo que contempla el decreto para la regularización de vehículos usados importados?
- Solo se aplicará para regularizar a los vehículos importados usados que están en condiciones de ilegalidad en 10 estados de la República Mexicana.
- Este decreto permitirá la regularización de vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá y que no tengan hasta el momento el documento de importación.
- Será un régimen de importación definitiva, no se estará exigiendo el permiso previo de la Secretaría de Economía para llevar acabo el trámite, no será necesaria la inscripción al padrón de importadores.
- Algo que resulta apropiado reconocer es que no se incluyen en el decreto de regularización vehículos comerciales pesados de carga ni de pasajeros, esto fue una demanda de nuestro sector que fue atendida, y por supuesto que no había justificación para que fueran incluidos en esta medida.
- Este decreto permitirá la regularización de vehículos de 8 o más años de antigüedad (no existe un límite de años de antigüedad que se permitirá regularizar), lo que supone un estímulo para que exista una mayor chatarrización de vehículos en caso de que se sigan incorporando al parque vehicular si no existe una adecuada política de cero tolerancia al contrabando de unidades usadas.
“Resulta preocupante que para obtener la regularización, los propietarios de estos vehículos solamente tendrán que hacer un pago con definición de “aprovechamiento” por 2,500 pesos por cada vehículo, sin tomar en cuenta las características de año/modelo, las especificaciones del vehículo y esto supone, en nuestra opinión, un trato totalmente inequitativo al hacer a un lado todos los impuestos, las contribuciones que la ley de comercio exterior señala.
Se estarán exentando mediante un estímulo fiscal el pago del ISAN, IVA, y, por supuesto, del propio tratamiento aduanero”, destacó el presidente ejecutivo de la AMDA.
Algo que resaltamos como un factor positivo es que el trámite de regularización deberá de contar con la participación de un agente aduanal. Esto refiere un esquema mínimo de control , y adicionado a la obligación de que el vehículo deberá de presentarse físicamente ante el agente aduanal, y en su caso también estar a la disposición de la autoridad aduanera para llevar acabo el trámite.
Por otro lado, el propio decreto refiere que deberá inscribirse en el Registro Público Vehicular los vehículos que se regularicen. Es importante hacer mención que, si bien el decreto señala que no podrán regularizarse los vehículos que por sus características o aspectos técnicos tengan restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México, esto adicionado a que como restricción se impone que no se permitirá regularizar vehículos deportivos, de lujo y tampoco serán sujetos de regularización aquellos que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas y de protección al medio ambiente, que tengan reporte de robo o que estén relacionados con la comisión de un delito.
Guillermo rosales indicó que ésta última referencia de prohibición de regularizar vehículos con reporte de robo, participación de actos ilícitos o no tengan permitido la circulación en Estados Unidos o en México, más allá de una declaración, difícilmente asimilable a un verdadero control para garantizar que esto ocurra.
“Es el caso específico de que no se menciona el procedimiento para verificar el historial vehicular en EU o México, y se concede la oportunidad de que dicha revisión se satisfaga con la simple declaratoria bajo protesta de decir la verdad por parte del concesionario o propietaria del vehículo”, concluyó.
