Ciudad de México. Para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) “es inaplazable construir nuevas estrategias interinstitucionales que permitan potenciar, con mayor efectividad, las políticas públicas que ya existen para erradicar las múltiples formas de exclusión y los factores de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+”. Ello ante las agresiones y asesinatos de integrantes de la diversidad sexual.

Aparte, el Centro de Apoyo a las a las Identidades Trans y la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, expresaron que “el patriarcado, la heteronorma, el machismo y el sexismo forman parte de los discursos antiderechos de una parte de la sociedad que se siente amenazada por nuestra existencia” y agregaron que esos discursos solo “promueven los prejuicios y la estigmatización, son generadores de violencia y de la violación de derechos humanos”.

Además exigieron que la agresión de que fue víctima “nuestra compañera Natalia Cruz”, conocida como Natalia Lane, sea indagada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como un “intento de transfeminicidio”.

El Inmujeres expuso su preocupación por las diversas formas de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+ que han ocurrido en diversos espacios en las últimas semanas, y en particular, condenó “el intento de transfeminicidio contra la activista, defensora de derechos humanos de las personas transgénero y trabajadoras sexuales, Natalia Lane, así como así como el asesinato de Nohemí y Yulizsa, pareja de mujeres lesbianas ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua”.

Detalló que aunque “el Estado mexicano cuenta con un marco legal y normativo que promueve el respeto, la inclusión y la progresividad de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual; las distintas expresiones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas y actos de odio externados por ciertos integrantes de la ciudadanía y del funcionariado público”, es urgente desplegar nuevas estrategias interinstitucionales.

Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres detalló que “nos pronunciamos para erradicar las diversas formas discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTIQ+ y los crímenes de odio contra las mujeres de la diversidad sexual”.

El Centro de Apoyo a las Identidades Trans y la Alianza Mexicana de Trabajadoras sexuales señalaron que justicia en el caso de la activista Natalia Cruz debe ser “pronta y expedita”.

En “el Inmujeres recordamos a los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024, hoja de ruta para la igualdad del Estado mexicano, fue construido con los aportes diversos de las mujeres, en especial, las que han sido históricamente excluidas, entre ellas, las mujeres de la diversidad sexual”.

Añadió que durante la consulta que se realizó para la elaboración del Proigualdad, este sector de las mujeres señaló como principales problemáticas: la violencia que sufren por razones de género, la discriminación y la falta de reconocimiento de su identidad sexogenérica.

Por ello, el Proigualdad,que es de obligado cumplimiento para toda la administración pública federal, incluye líneas de acción dirigidas a brindar acompañamiento legal especializado; propiciar el cambio cultural mediante el impulso de proyectos de incidencia social pública y comunitaria, en cooperación con la sociedad civil y fomentar el respeto a la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Además, indicó que dicho programa “mandata el avance en la armonización del marco jurídico conforme a los estándares internacionales, que impulse el reconocimiento de la identidad de las personas trans, con el fin de propiciar su participación política en procesos electorales y la ocupación de cargos públicos en condiciones de seguridad, igualdad y no discriminación”.

Exhortó a los tres órdenes de gobierno y tres poderes del Estado a “cumplir con sus responsabilidades como garantes de los derechos emanados en la Constitución Política, concretamente en el artículo 1, así como desarrollar e implementar a cabalidad las acciones que forman parte de la Política Nacional de Igualdad, de la cual el Proigualdad 2020-2024 es parte fundamental, con el fin de que garanticen de manera sustantiva el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para la comunidad LGBTTTI+.