San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada del indígena chol, Antonio González Méndez, ocurrida el 18 de enero de 1999 en el municipio de Sabanilla, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En un comunicado dijo que González Méndez, de 32 años de edad y quien era parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), “fue víctima de la guerra de contrainsurgencia implementada por la política genocida en Chiapas para combatir la lucha por la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas” de la entidad.

Señaló que “después de la guerra frontal hacia las comunidades en resistencia y bajo la exigencia del pueblo de México de optar por la paz, el Estado mexicano cambió de estrategia impulsando una guerra integral de desgaste atacando a la población civil mediante la implementación de tácticas de guerra contrainsurgente”.

La ceremonia, realizada en Sabanilla, fue encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que “este acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano no debe de entenderse como un acto protocolario, pues no venimos a cumplir solamente una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino a sumir un compromiso para la dignificación y el respeto de los familiares de Antonio González por su lucha”.

Ante su esposa, Sonia López Juárez, y sus hijas e hijo, destacó que “queremos que este acto sirva como una acción de reivindicación a la persona de Antonio González; que se reconozca dignamente su memoria y su trabajo como un luchador social en esta región de Sabanilla porque su lucha tiene que tener resultados concretos con su presencia y con la transformación profunda que requiere Chiapas y todo el país”.

Explicó que al acto efectuado este miércoles, al que asistió la secretaria de gobierno de Chapas, Cecilia Flores Pérez, “se suma la reparación integral que se está implementado para su caso que incluye medidas de rehabilitación, indemnización, el seguimiento a las investigaciones y atender medidas para garantizar que estos hechos no se repitan”.

Encinas aseguró que “el gobierno de mexicano ha enfrentado el reto de la lucha contra la desaparición forzada contra personas en el país, donde existen actualmente más de 95 mil desaparecidas y no localizadas en estos momentos que reclaman justicia. Nos hemos abierto no sólo a reconocer la crisis humanitaria de derechos humanos por la que atraviesa el país, sino al escrutinio y apoyo internacional”.

El Frayba sostuvo que “una de las estrategias implementadas por el Ejército mexicano fue la ocupación de la zona de conflicto, así como la conformación de grupos paramilitares, impulsando su formación, financiamiento y entrenamiento con la finalidad de exterminar al ‘enemigo interno’, ocasionando por lo menos 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4 mil 500 personas desplazadas de manera forzada tan sólo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua”, situadas en la región norte del estado.

Manifestó que “entre los grupos paramilitares que comenzaron a operar en la zona norte de Chiapas estaba la organización Desarrollo Paz y Justicia que sirvió como apoyo de las operaciones militares en contra de la población tal y como se estipuló en el documento Plan de Campaña Chiapas 94”.

De esta forma, abundó, “los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población durante el tiempo prolongado de la guerra integral de desgaste se efectuaron con el impulso, permisibilidad y aquiescencia del Estado mexicano que aún en la actualidad sigue encubriendo impunemente estos crímenes, hasta que exista un mecanismo de esclarecimiento de la verdad y acciones de justicia en estos territorios agraviados”.