Ciudad de México. A una semana de que se presentó una iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Guerrero, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y diversas agrupaciones civiles, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, exhortaron a que sea aprobada dicha propuesta.

El Inmujeres llamó de forma “respetuosa al Congreso del Estado de Guerrero, a que retome el análisis y dictaminación de la iniciativa de decreto por la que se modifican diversas disposiciones del Código Penal de Guerrero, para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación”.

La propuesta fue presentada el martes 12 de enero por las diputadas locales Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga.

El Instituto precisó que “la penalización del aborto no evita su práctica y mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad para gestar quedan expuestas a realizar procedimientos inseguros, antihigiénicos y riesgosos que ponen en peligro su vida y que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo”.

Aseguró que dicha iniciativa para despenalizar el aborto incorpora recomendaciones de tratados internacionales y los resolutivos históricos emitidos por la Suprema Corte de la Nación sobre la descriminalización del aborto y el derecho a decidir”.

Aparte, y en relación a la propuesta para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las agrupaciones señalaron que como defensoras de los derechos de las mujeres, “reconocemos la deuda histórica que el estado de Guerrero tiene con las mujeres, por lo que si bien la iniciativa hasta la fecha no ha sido aprobada, hacemos votos para que su aprobación se materialice a la brevedad.

“La aprobación de la iniciativa respondería no sólo a las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por agravio comparado, sino a uno de los pendientes de la agenda de género y al contexto de violencia feminicida en el que viven las mujeres en la entidad”.

Sostuvieron que las muertes maternas han ido en aumento: en 2018 hubo 23, en 2019, fueron 40 y en 2020 hubo 47.

El Inmujeres dijo que esta iniciativa de decreto da elementos para cumplir con las recomendaciones dadas al estado de Guerrero en el marco de la AVGM por agravio comparado. Esto, debido a que Guerrero todavía es de las pocas entidades federativas en el que las mujeres, adolescentes o niñas víctimas de violación deben obtener autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo.

Por ello, esta iniciativa contempla como excluyentes de responsabilidad penal el aborto por violación, así como por inseminación artificial no consentida, riesgo a la salud, alteración genética y por abortos espontáneos o accidentales y mantiene como delito el aborto forzado sin la voluntad de la mujer o persona gestante, en cualquier momento del embarazo.

El OCNF precisó que del 2016 al 2019 existieron 643 denuncias presentadas por el delito de violación sexual en esa entidad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró de enero de 2019 a noviembre del año pasado, dos mil 204 denuncias por delitos sexuales, de los cuales mil 47 casos fueron violaciones sexuales, lo que representa un 47 por ciento del total de los delitos sexuales denunciados en la entidad.

De acuerdo “al dictamen de la AVGM por Agravio Comparado, del año 2016 a 2019 sólo se realizaron 25 interrupciones de embarazo a víctimas de violación, lo que se contrapone con el número de violaciones sexuales ocurridas en el mismo periodo, las cuales fueron un total de mil 102”.

Agregaron que “al contexto de violencia feminicida se suma el de pobreza en el que viven las mujeres en Guerrero. En 2020 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social refirió que el 66.4 por ciento de la población en el estado vive en pobreza mientras que el 25.5 por ciento en pobreza extrema. Ante ello, hacemos un llamado a los coordinadores parlamentarios para que impulsen que la iniciativa salga al Pleno para su respectiva discusión”.