Ciudad de México. Luis Echeverría cumple cien años de vida y es el presidente más longevo en la historia del país. Protagonista de un sexenio en donde los mecanismos de control del viejo régimen comenzaron a agrietarse, encabezó desde la Presidencia la represión contra los movimientos insurgentes cuyas consecuencias legales arrastra en el ocaso de su existencia bajo el sello de la impunidad. Su política económica devino en una abierta confrontación con el sector empresarial y derivó en el inicio del ciclo de crisis económicas sexenales.
Su responsabilidad en la masacre de Tlatelolco, en octubre de 1968, no le impidió convertirse en el último de los presidentes emanados de la Secretaría de Gobernación. Desde Los Pinos emprendió un sexenio de contrastes con un relevante papel del estado en la economía, creador de instrumentos importantes para los trabajadores, como el Infonavit o el Fonacot, y promotor de nuevas instituciones educativas, como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres.
Ambicioso en su pretensión de trascender en el plano internacional, desplegó una insólita y muy activa política exterior: impulsó la formalización de relaciones entre México y China en un contexto en que se escalaban las tensiones entre el país asiático y Estados Unidos por el recrudecimiento de la guerra de Vietnam; estrechó los vínculos con el gobierno de la Unidad Popular en Chile, que encabezaba Salvador Allende, y tras su derrocamiento abrió las puertas del asilo en México a chilenos perseguidos por Augusto Pinochet.
El auspicio de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados a nivel mundial formó parte de la búsqueda de un liderazgo entre los países del Tercer Mundo. La política exterior echeverrista involucró la promoción de condenas al gobierno de Israel y el estrechamiento de vínculos con Yasser Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina, que abrió en 1975 su representación en México.
Era el rostro progresista del gobierno echeverrista. En México, la realidad era distinta, incapaz de procesar la creciente inconformidad social que había explotado en 1968, las acciones emprendidas para distender la situación muy pronto chocaron con el activismo de diversos movimientos sociales, asomando el principal signo del gobierno echeverrista: la represión.
El denominado halconazo del 10 de junio de 1971 fue prácticamente el principio de una soterrada estrategia de exterminio de las vertientes más extremistas, recrudeciéndose uno de los episodios más negros de la historia del México contemporáneo: la guerra sucia, cuyos primeros capítulos ocurrieron hacia finales de la década de los sesenta, con Echeverría como responsable de la política interior en la Secretaría de Gobernación.
Bajo la presidencia de Echeverría se desarrollaron los años de mayor activismo de los movimientos insurgentes armados en Guerrero, encabezados por Genaro Vázquez y su Asociación Cívica Guerrerense, y Lucio Cabañas, quien encabezó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En las ciudades proliferaron diversas expresiones radicales de guerrilla urbana que tuvieron en la Liga 23 de Septiembre al grupo más activo y extremista.
Su despliegue alcanzaría su clímax en el frustrado secuestro de Eugenio Garza Sada, cuyo desenlace fue mortal para el emblemático empresario del Grupo Monterrey, ocurrido en septiembre de 1973. Un suceso que marcaría el rumbo de la segunda mitad del sexenio: un escalamiento de la represión para aniquilar la guerrilla urbana y el punto neurálgico para la abierta confrontación con el sector empresarial.
La política económica instrumentada con un mayor presencia del Estado fue el punto de desencuentro entre ambas partes. Una política acompañada de un desequilibrio en las finanzas públicas que se expresaron centralmente en un incremento exponencial de la deuda externa, que pasó de 4 mil millones a 20 mil millones de dólares, preámbulo de una devaluación del peso y una crisis económica al final del sexenio.
