Puebla. Comunidades en resistencia de todo el país, opositores a los llamados “Proyectos de Muerte”, marcharon este domingo en las inmediaciones del socavón que apareció hace medio año en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el estado de Puebla, para pronunciarse en contra del Gasoducto Morelos, la Ley Minera y el decreto presidencial que declara a los megaproyectos como temas de “interés público” y de “seguridad nacional”.

En el caso de Puebla, dieron a conocer que se inició el proceso de expropiación de la planta embotelladora de agua Bonafont para beneficio de los pueblos de la región de los volcanes Izta-Popo, a raíz de la sobreexplotación de los mantos acuíferos que derivó -afirmaron- en el surgimiento de la oquedad.

El recorrido se efectuó como parte del Encuentro Nacional contra los Gasoductos y Proyectos de Muerte, efectuado este fin de semana en las instalaciones de la embotelladora Bonafont, en la comunidad de Zacatepec, hoy convertidas en la Casa de los Pueblos Altepelmecalli.

Al grito de “los pueblos, unidos, jamás serán vencidos”, dijeron no perder la esperanza que organizados van a frenar los megaproyectos que están matando la tierra en México.

La caminata se efectuó alrededor del polígono del socavón que tiene un diámetro de 130 metros, y se ubica a menos de 300 metros de distancia de donde pasa el gasoducto.

El vocero del pueblo yaqui Loma de Bácum, Guadalupe Flores Maldonado, dijo que el socavón no solo se encuentra muy cerca de la tubería del gasoducto, sino que además está dentro de la zona de alto riesgo sísmico del volcán Popocatépetl, que continúa activo.

“Lo que vemos es una manifestación de la misma naturaleza ante la acción humana que rompe el equilibrio ecológico por la sobreexplotación del agua; el socavón nos está dando la razón a los pueblos que estamos preocupados en la defensa de la tierra y el agua”, afirmó.

El Encuentro Nacional celebró que el pueblo de Zacatepec logró que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla otorgara la suspensión provisional al decreto presidencial que impide temporalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador declarar a sus megaproyectos como temas de “Interés Público” y de “Seguridad Nacional”.

Dijeron que se trata de la primera suspensión que se obtiene a nivel nacional contra la medida presidencial, bajo el número de expediente 2124/2021.

La convocatoria corrió a cargo de 13 redes y organizaciones sociales, entre ellos el Congreso Nacional Indígena (CNI), representantes de la Nación Yaqui, el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, integrantes de la lucha contra el gasoducto de Lagos de Moreno en Jalisco, Ucizoni, MAIZ, el Frente en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala y los Pueblos Unidos contra el Gasoducto Morelos.

A través de redes sociales, los pueblos del país refrendaron su postura de oposición a los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador: Tren Maya, Proyecto Integral Morelos (PIM), Gasoducto Tuxpan-Tula, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren Transístmico y el Corredor Interoceánico, que a decir de los defensores “traen graves afectaciones a la población, porque tienen muchos objetivos dolosos, así como el despojo de la tierra y el agua”.

Ante lo expuesto, uno de los participantes advirtió: “vamos a seguir luchando por la vida, aunque el gobierno nos intimide. No estamos solos, estamos luchando organizados hasta que la dignidad se haga costumbre. Con cada golpe que nos dan, con cada compañero que matan, miles se levantan con mayor rabia y fuerza para defendernos”.

Al final del encuentro, que tuvo una duración de casi cinco horas, coincidieron que la “guerra contra los pueblos” se ha intensificado por la mayor presencia de militares y organizaciones criminales en el país que garantizan el despojo a los indígenas, siendo las mujeres las más afectadas.

A esto sumaron el decreto presidencial que favorece la instalación de megaproyectos y vuelve más vulnerable a los pueblos, sin que puedan informarse de las obras ni sus repercusiones al medio ambiente.

“Los pueblos estamos antes que los megaproyectos, y como dice la Ley somos primeros en derechos; exigimos que respeten nuestros usos y costumbres, el derecho a la consulta y a la autonomía”, demandó, en su oportunidad, Miguel López Vega, oriundo de Zacatepec y defensor del río Ametlapanapa.

Acordaron una serie de acciones a partir del 16 de febrero y hasta abril, con la realización de protestas a nivel global por los tres años del asesinato de Samir Flores, opositor al Gasoducto Morelos; el Aniversario de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, y una Marcha por la Vida, que iniciará en Puebla y concluirá en el Istmo de Tehuantepec, contra el Tren Transístmico.