El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que recibió ayer, de parte de la Secretaría de Gobernación, la propuesta elaborada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de la Función Pública para que la autoridad electoral cuente con los recursos necesarios para realizar la revocación de mandato, “supuestamente, sin la necesidad de una ampliación presupuestal”. Si bien indicó que valorará en sus términos lo planteado en el documento, señaló que éste tiene algunas imprecisiones.
Entre ellas, aclaró que el INE no cuenta con un presupuesto de 19,736.3 millones de pesos, ya que 5,821.85 millones son destinados, conforme lo señala la Constitución, a las prerrogativas de los partidos políticos; además precisó que el instituto cuenta con 121 plazas con nivel de director de área y niveles superiores, y no con mil 336 como señala el documento entregado.
Agregó que el INE tampoco tiene personal sindicalizado y el arrendamiento de bienes inmuebles es necesario para que el instituto “despliegue su capacidad operativa y de atención ciudadana a nivel nacional, estatal y en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman el territorio nacional. Se trata de oficinas en todo el país, así como de los Módulos de Atención Ciudadana donde se tramita la Credencial para Votar”.
Añadió que en el documento se indica que con esta propuesta se contará con recursos para organizar tanto la revocación de mandato como la consulta popular; pero ésta última quedó descarta desde noviembre pasado porque no fue solicitada.
En un comunicado difundido esta noche, reiteró que las imprecisiones “reflejan desconocimiento de la actividad electoral que tiene que desplegarse para la organización de un proceso electoral tal y como lo estipulan la Constitución y las leyes en la materia”.
Enfatizó que se mantendrá pendiente a la respuesta formal que se dé al oficio enviado a la Secretaría de Hacienda para solicitar recursos por mil 738.9 millones de pesos, “en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitida el pasado 29 de diciembre”.
Expuso que “en su resolución, el TEPJF instruye al INE que realice y gestione las adecuaciones presupuestales necesarias, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de estar en posibilidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades calendarizadas en el proceso de revocación de mandato; o bien, de subsistir la insuficiencia, realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo del proceso de revocación de mandato”.
