Con el nuevo modelo de sistema de justicia laboral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) estima recibir más de 59 mil asuntos por año, para lo cual dispondrá de 250 conciliadores que, considera, serán suficientes para mantener una tasa de efectividad de 70 por ciento de resolución de conflictos mediante acuerdos, sin la necesidad de juicios laborales.

En entrevista con La Jornada, Gianni Rueda de León, coordinadora de Conciliación Individual del CFCRL, manifestó que a más de un año de la puesta en marcha de la primera etapa de la reforma laboral, y con corte al cierre de 2021, se han atendido 29 mil 870 expedientes, que han derivado en la firma de 17 mil 303 convenios por un monto de 3 mil 552 millones 829 mil pesos en favor de los trabajadores, a través de la conciliación con la parte patronal.

Destacó que de los más de 29 mil asuntos recibidos en el CFCRL –que entró en funciones en noviembre de 2020 en ocho estados del país–, el 76.3 por ciento se han resuelto en la primera audiencia, es decir en los primeros 15 días.

“Tenemos una eficiencia del 70 por ciento en las audiencias conciliatorias”, y el resto se resuelve en los 45 días naturales que establece como plazo máximo la Ley Federal del Trabajo o se van a juicios ante un tribunal laboral.

La funcionaria del CFCRL explicó que si dentro de los 45 días no se llega a ningún acuerdo entre las partes, “emitimos, como lo marca la ley, una constancia de no conciliación”. A la fecha se han expedido alrededor de 8 mil documentos de este tipo, que son un requisito, indicó, que pide el Tribunal para presentar una demanda y poder iniciar un juicio.

Añadió que de los casos que llegan a la instancia judicial, éstos se resuelven en cuatro meses –según reportan los tribunales–, aunque se tienen seis meses para culminar estos asuntos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el CFCRL recibirá un total 577 millones 55 mil pesos este año, de los cuales 42 millones 393 mil pesos están asignados a la conciliación entre empleadores y trabajadores en el país.

Gianni Rueda detalló que de los principales conflictos laborales, el 41.9 por ciento corresponde a pago de prestaciones; 32.58 por ciento a despidos; 16.02, a terminación voluntaria en la relación de trabajo; 2.20 por ciento a recisión de la relación de trabajo y el porcentaje restante equivale a derecho de preferencia, antigüedad y ascenso.

El artículo 684-B de la LFT, la instancia conciliatoria prejudicial es obligatoria a excepción de nueve conflictos laborales, entre ellas la vulneración a la libertad de asociación sindical, discriminación, acoso u hostigamiento laboral y prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo.

En el proceso de conciliación, explicó, se informa al trabajador de sus derechos laborales y “no necesita traer a un abogado”, toda vez que existe la figura del conciliador, que es personal experto en derecho laboral “obligados por ley a cuidar que no haya renuncia de derechos y a verificar que se le pague a los trabajadores lo que por derecho le corresponde”.

Destacó que en caso de llegar a un convenio, la ley dio a este convenio la categoría de cosa juzgada, es decir que es una sentencia de cumplimiento obligatorio.

Gianni Rueda subrayó que la ley establece que el CFCRL no puede recibir asuntos que hubieran surgido con anterioridad, sino sólo podrá resolver “los conflictos que están naciendo una vez que el Centro entró en operación”, según sea la etapa de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Se trata de expedientes que estaban llevando las Juntas de Conciliación, “y los tiene que concluir, ya sea federal o local”.

“Tenemos la certeza de que las Juntas tienen un rezago, pero también tienen el compromiso y obligación institucional de concluir todos los asuntos que tienen abiertos. Entonces lo que estamos buscando como nuevas autoridades laborales es no recaer en el rezago y no causarle perjuicio a los trabajadores”, comentó.

La primera fase del nuevo modelo de justicia laboral arrancó el 18 de noviembre de 2020 en ocho estados del país. En noviembre de 2021 inició la segunda en 13 entidades más y se prevé que este año entre la tercera en 11 estados, cubriendo así todo el territorio nacional. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esta última etapa será un “enorme reto” por tratarse de estados con una gran actividad industrial y económica y, en consecuencia, con altas tasas de conflictividad laboral.

A decir de la funcionaria del CFCRL, tanto trabajadores como empleadores se han acercado a dicha institución “con la finalidad de evitarse un juicio largo, evitar un mayor desgaste y concluir estos conflictos (laborales) lo más rápido posible”.

De igual forma, indicó, el Centro Federal de Conciliación tiene acercamiento con colegios de abogados, universidades y organizaciones públicas y privadas, con el objetivo de dialogar, evaluar los procesos de conciliación, evaluar los resultados y “proteger a los trabajadores”.