Ciudad de México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que priorice la vida de los pueblos y no los intereses de las empresas cuando resuelva el recurso de revisión de un amparo de la comunidad Tecoltemi, del municipio Ixcamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla, previsto para el 19 de enero.

En un comunicado expresó su interés en la resolución de este caso ya que la prioridad es un medio ambiente sano. La dependencia en un manual de divulgación de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional presentado en diciembre dio cuenta de que entre 2019 y 2021, dio luz verde a estudios de impacto ambiental de 29 proyectos mineros, con lo cual esos planes se pusieron en marcha.

Sin embargo, en el comunicado sostuvo que “con la complicidad de gobiernos pasados las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras, por lo que sí hay relación directa de la Ley Minera y las concesiones derivadas de ella con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como lo es principalmente su territorio y el uso y disfrute permanente de sus bienes naturales”.

Explicó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el Amparo en Revisión 134/2021, en el que una comunidad indígena reclama la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de diversos artículos de la Ley Minera por establecer la preferencia de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.

Ante ello, dijo que “expresa su interés en la resolución del caso, toda vez que anteriormente ha manifestado que el derecho a un ambiente sano es primordial y prevalece frente a intereses particulares que explotan las riquezas del subsuelo”.

Sostuvo que la minería es una actividad que “la mayoría de las veces implica un impacto significativo en el ambiente, en los territorios y en las comunidades cercanas a las minas; deteriora el equilibrio ecológico en muchas ocasiones de manera irreversible y afecta los derechos y las vidas de las comunidades de México”. Preciso que hay 24 mil 66 concesiones mineras en el país distribuidas en 16.83 millones de hectáreas (el equivalente al 8.59 por ciento del territorio nacional).

Añadió que entre las consecuencias de esta actividad están la pérdida de la cubierta vegetal, alteraciones de la calidad del aire y aguas superficiales y subterráneas, generación de drenaje ácido, degradación de ecosistemas terrestres y acuáticos y contaminación.