Tlahuelilpan, Hgo. Familiares de los 137 fallecidos en la explosión de una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en los límites de los municipios de Tlahuelilpan con Tlaxcoapan, informaron que a casi tres años de la tragedia, el gobierno federal no ha cumplido con el compromiso de comprar el predio donde ocurrió el estallido para construir un memorial y centro de oración, ni han terminado los censos para la entrega de apoyos federales y estatales para los huérfanos, viudas y padres de las víctimas.

En conferencia de prensa, dieron a conocer una minuta firmada en Palacio Nacional, el 19 de marzo de 2019 en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, por Abraham Mendoza Zenteno, delegado de programas sociales de Bienestar en Hidalgo, así como otros funcionarios federales y estatales

Mencionaron que pese a la promesa del gobierno federal de adquirir el predio de la colonia San Primitivo donde ocurrió el estallido, la tarde del 18 de enero de 2019, para construir un memorial de las víctimas y una casa de oración, hasta el momento no se les ha informado y no se ha construido nada por no contar con la escritura del terreno.

Denunciaron que tampoco se han generado fuentes de trabajo, auto empleo y actividades productivas para los familiares, muchos de los cuales quedaron desamparados al morir quienes se encargaban de darles sustento; tema que tampoco ha sido atendido por ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno.

La madre de uno de los menores de edad que sobrevivieron pero que sufrieron quemaduras de tercer grado, dijo que otro de los acuerdos era darle seguimiento a los tratamientos médicos que se les brinda en Estados Unidos por la Fundación altruista Michou y Mau, y que hay problemas con la caducidad de las visas para ingresar a ese país, por lo que pidió se le apoye.

Tampoco se ha cumplido con los apoyos establecidos en los programas sociales del gobierno federal.

Señalaron que en otro punto de la minuta había el compromiso del gobierno federal, a través de Mendoza Zenteno de que habría contacto permanente con los comités de los familiares de los afectados, y que, por el contrario, de forma inexplicable, éste ha cortado toda comunicación con ellos.

En contraste, destacaron que el único punto que se cubrió de forma satisfactoria, y que fue de parte del gobierno estatal, es el de la identificación de los cadáveres y restos por medio de la comparación de ADN.

Por ello, pidieron a las autoridades federales no abandonarlos y cumplir el pliego.

Bajo este contexto, a casi tres años de la tragedia, los familiares de las víctimas han construido pequeñas capillas en la llamada Zona Cero donde rinden tributo a las más de 90 personas que murieron calcinadas, con el estallido que sucedió mientras llenaban garrafas y envases del combustible derramado.