Ciudad de México. Por la incertidumbre en el sector energético está en duda la instalación de plantas eólicas que agregarían una capacidad de siete mil megawatts, la cual equivale a inversiones por cerca de siete mil millones de dólares, señaló la Asociación Mexicana de Energía Eólica (CFE).

Durante un taller previo al inicio del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente del organismo consideró que existe una falta de transparencia en dar a conocer los costos de la industria eléctrica, esto luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo señalamientos a privados de utilizar datos erróneos en ese sentido como parte de una campaña en contra de la empresa estatal.

El directivo comentó que hasta el momento no se han dado cancelaciones de permisos a empresas privadas para generar energía eólica, pero si existen retrasos para aprobar modificaciones a las autorizaciones existentes, las fechas de inicio de operación comercial y hasta proyectos nuevos.

Destacó que por la incertidumbre que existe en el sector energético, la cual se ha acentuado por la reforma eléctrica, está en duda la ampliación de la capacidad instalada a siete mil megawatts más, que se sumarían a 8 mil megawatts que existen ahora.

Apuntó que durante 2021 la inversión por los proyectos eólicos que se concretaron ascendió a mil 500 millones, aunque no todos ellos han recibido el permiso para entrar en operación o se encontraban en etapas finales de construcción, mientras que para este año se estima una inversión de 900 millones de dólares, pero hacia adelante “no hay mucho más”, sólo incertidumbre por la instalación de los 7 mil megawatts.

Sobre las acusaciones hechas por la CFE sobre el uso de números incorrectos por parte de privados, centros de pensamiento para decir que la reforma eléctrica causará un aumento de precios para los consumidores, Rodríguez Olivé señaló que los costos de producción si han bajado hasta 72 por ciento en el caso de los proyectos eólicos, pero los precios al consumidor queda fuera de la manos de los privado, pues estas son tarifas fijadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Agregó que las cifras que se manejan son públicas, pero existen datos de los costos que no son públicos, por lo que consideró que existe una falta de transparencia para conocer bien la información.

“Creo que es un tema que nos hace reflexionar para que haya transparencia de todas las partes, incluyendo la CFE”, dijo.

José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes) comentó que si las tarifas eléctricas al consumidor no han bajado es porque “no tenemos un buen mercado” y “no hay la transparencia suficiente”, por lo que se necesita que se profundice el mercado.

Señaló que si las modificaciones a la Constitución no beneficiarán al consumidor, “entonces de nada sirve ninguna reforma, de lo que se trata es que se profundice un verdadero mercado con reglas claras con reguladores imparciales y nos beneficien a todos”.

Rodríguez Olivé comentó que hasta el momento no existen procesos de arbitraje internacional por la reforma eléctrica por parte de alguna empresa, pues los litigios no son algo que están buscando los privados, sino llegar a acuerdos mediante el diálogo.

Datos de la Amdee indican que en los últimos años México se había consolidado como destino de para el desarrollo de proyectos eólicos gracias al potencial geográfico y las condiciones que generaron certidumbre a largo plazo.

Entre ellas menciona al Estado de Derecho sólido y estable, confianza de la inversión que generó accesos a condiciones de financiamiento muy favorables, y evolución tecnológica que abarató el costo en promedio en 72 por ciento en generación.

Actualmente existen 69 parques eólicos que operan en 15 estados, por lo que dichas plantas representan el 8.6 por ciento de la capacidad instalada.

Este sector ha invertido 13 mil millones de dólares y produce 22.14 terawatts hora al año, monto equivalente al consumo de 14 millones de hogares.

Los expertos señalaron que la propuesta de reforma eléctrica implica energía más cara por los costos de generación, el aumento a quienes compren energía a CFE y en el esquema de autoabasto y el uso de centrales con combustibles más caros.

Apuntaron que habrá más contaminación, pues se cancelarán los avances en energía limpia y el 76 por ciento de la energía será fósil, mientras que no se cumplirán los acuerdos nacionales e internacionales, pues la emisiones aumentarán 65 por ciento.

La Amdee y Francisco Rosenzweig, socio ejecutivo de White & Case México, coincidieron que la iniciativa propone el regreso a un modelo energético de 1960, el cual se ha agotado pues no hay prioridades ambientales, se eliminará los órganos reguladores y operadores independientes, además de tener efectos confiscatorios y sólo habrá una opción única al consumidor.