Ciudad de México. Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dio un plazo de 10 días hábiles al Congreso de la Unión para que cumplan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena revisar la Ley General de Comunicación Social (LGCS), ya que no cumple con los parámetros constitucionales para garantizar transparencia y equidad en la contratación de publicidad oficial.
De no acatarse el mandato el juez iniciará el proceso de inejecución de sentencia. “En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por 100 veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México.
“Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo judicial”, señala la sentencia.
En septiembre pasado, por unanimidad, la Primera Sala del máximo tribunal aprobó la sentencia presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, donde se señala que la LGCS actualiza una omisión legislativa de carácter relativo que repercute en la libertad de expresión y, en consecuencia, los planteamientos de la quejosa con los que se ha dado cuenta resultan suficientes para concederle la protección constitucional en contra de dicha legislación
Es la segunda ocasión que la SCJN concede un amparo por este tema, la primera vez la decisión de los ministros llevó al Congreso de la Unión a emitir la LGCS, promulgada el 11 de mayo de 2018 que, sin embargo, ahora se consideró que no cumplió con abarcar todos los temas que mandata la Constitución.
