Mexicali, BC. Un grupo de seis empleadas de la Secretaría de Salud de Baja California son víctimas de violencia digital por funcionarios y servidores público de la Unidad de Especialidades Médicas de Mexicali (Uneme).
A su vez, otras diez empleadas que se solidarizaron con sus compañeras en una protesta colectiva son blanco de hostigamiento laboral de directivos del Uneme.
En este caso, la mayoría de las empleadas cuenta con formación universitaria y su situación laboral es de confianza, por lo que se sienten vulneradas en su intimidad y vulnerables en su condición dentro del servicio público.
En entrevista para La Jornada narraron que hace seis meses descubrieron grupos de Whatsapp donde aparecen sus imágenes tomadas sin su consentimiento durante las jornadas de trabajo o extraídas de sus cuentas de redes sociales.
Las cuentas son administradas por sus compañeros de trabajo, quienes empezaron a realizar memes en su contra, después la situación se agravó ya que copiaron imágenes de sus cuentas de redes sociales para darles connotación sexual y erótica.
Las víctimas son seis mujeres que presentaron una queja ante el administrador del centro laboral pero fue desoída y los difusores de contenidos ilegales arremetieron para hacer un ambiente laboral adverso de las mujeres.
En octubre de 2021, hablaron con otras compañeras, quienes se solidarizaron y firmaron un documento dirigido al entonces secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, a quien le solicitaron audiencia.
En la reunión con el secretario de Salud de la administración de Jaime Bonilla mostraron su desacuerdo y molestia personal y profesional por ser víctimas de violencia digital.
Pérez Rico se desatendió del asunto pues se encontraban en la fase de transición y en la entrega de la administración. No obstante las turnó a la Subsecretaría Jurídica donde se limitaron a escucharlas y prometerles que se atendería su asunto en caso de continuar en el gobierno.
Ante la falta de respuesta gubernamental se generó impunidad y se acrecentó el hostigamiento laboral contra 16 trabajadoras de la Uneme. Dos de ellas consideran solicitar un permiso laboral para buscar otras alternativas.
Víctimas de violencia aseguran tener otra vulnerabilidad pues son trabajadoras de confianza y no hay mecanismo alguno que las proteja. Se trata de empleadas jóvenes que han visto sus imágenes circular en redes sociales por trabajadores administrativos del área clínica y administrativa por lo que solicitaron el acompañamiento de una abogada y de una asociación para poder frenar una situación adversa por la que han sufrido durante 11 meses.
En una conferencia de prensa, sobre la violencia digital que se da en esta ciudad fronteriza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se mostró en contra de ese tipo de actividades, dijo que están prohibidas y no sé permitirán en ningún momento.
Otra situación vulnerable para estas mujeres es que los trabajadores de la Secretaría de Salud que hicieron las cuentas y distribuyen los contenidos con las imágenes se dijeron ofendidos y presentaron una denuncia ante el Centro de Justicia Alternativa por el supuesto delito de difamación, el cual es inexistente en Baja California ya que los llamados delitos contra el honor fueron derogados hace ocho años por presión de periodistas y organizaciones de la sociedad civil y defensores de la libertad de expresión que consideraron que estas conductas debían trasladarse al Código Civil y allí permanecen.
"Nos amenazan con la denuncia y que sufriremos las consecuencias penales y hasta legales porque tienen cuatro abogados" para abandonar sus protestas.
En la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Violencia contra Mujeres se han registrado más de 300 casos de violencia digital a raíz de la aprobación de la Ley Olimpia en el Congreso de Baja California y sus modificaciones en leyes estatales.
Incluso, diputadas de Morena se pronunciaron por el diseño y aplicación de protocolos de protección a mujeres contra la violencia digital y presupuesto con perspectiva de género.
