Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50VG/2022 a autoridades de Yucatán por violaciones graves a derechos humanos debido a la retención ilegal y usos excesivo de la fuerza que derivó en la tortura contra un joven, lo que ocasionó su muerte.

En un comunicado, el organismo autónomo detalló que va dirigida al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán y a la presidenta municipal de Mérida, pues cuenta con elementos suficientes para acreditar “violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida”.

Recordó que el 16 de agosto de 2021 recibió la queja formulada por una persona defensora de derechos humanos en la que señaló que, el 21 de julio de ese año, elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, detuvieron a un joven cuando caminaba por calles del Centro Histórico de ese Ayuntamiento, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la comandancia de la corporación policial en cita, donde fue torturado, causándole lesiones graves que derivaron en su posterior fallecimiento.

La madre de la víctima solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), lo que motivó posteriormente la radicación del expediente de queja respectivo; así mismo, la Fiscalía General de esa entidad inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio cometido en agravio de la víctima.

Ante la gravedad de los hechos difundidos en medios de comunicación, las diversas declaraciones públicas realizadas por autoridades estatales y municipales, aunado a que el presente asunto trascendió en la opinión pública nacional, la CNDH ejerció la facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la víctima.

Con motivo de la investigación de los hechos, la CNDH considera que la Fiscalía General de la República, atendiendo a la facultad de atracción que ejerció en la investigación y persecución de los delitos, deberá continuar con la investigación a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables.

La CNDH recomendó al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán continúe con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido en agravio del joven, debiendo practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de las personas servidoras públicas que, en el ejercicio de sus funciones, las ejecutaron; así como de aquellas que las autorizaron y/o toleraron la consumación de dichas conductas delictivas y, en su momento, se judicialicen las indagatorias respectivas para que el juzgado de control del conocimiento determine lo que conforme a derecho corresponda.

Además deberá coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia.

Asimismo, deberá llevar a cabo, en un periodo no mayor a 6 meses, un diagnóstico respecto del estado que guardan las carpetas de investigación en las que se encuentran involucrados elementos de la Policía a Municipal de Mérida en la comisión de conductas delictivas, a efecto de que se implementen las medidas necesarias para que sean debidamente integradas y determinadas.

También señala que se deberá establecer normativamente, en un periodo no mayor de 3 meses, al interior de las agencias del ministerio público, una política de revisión periódica respecto de la determinación de averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con actos de tortura y ejecuciones arbitrarias.

Al presidente municipal de Mérida, Yucatán le solicita ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio, y que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue a la madre de la víctima una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos, entre otras medidas.