Chilpancingo, Gro. Autoridades del comisariado ejidal del Ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que atienda el exhorto que hizo el pasado 19 de abril la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violencia que padecen los habitantes de las comunidades localizadas en ese ejido, y al de Ciénega de Puerto Alegre, municipio de San Miguel Totolapan, ubicados en la Sierra Madre del Sur.
Mediante un oficio girado el cuatro de enero a la gobernadora Salgado Pineda, firmado por Iracema Díaz Gómez, presidenta del Ejido los Guajes de Ayala; el secretario Javier Hernández; y el comisario municipal de la comunidad de El Pescado, Jesús Domínguez, señalan que la CNDH hizo un llamado urgente “a las autoridades competentes para que atiendan y brinden protección, seguridad y defensa amplia e inmediata a los habitantes de dichas comunidades ejidales”.
Mencionan que en el exhorto la CNDH “lamenta la situación de violencia que impera en el estado de Guerrero, condenando enérgicamente los homicidios, la desaparición de personas, amenazas de muerte, extorsión, y desplazamiento de personas que se han llevado a cabo en Ciénega de Puerto Alegre, municipio de San Miguel Totolapan; y en Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán”.
También la CNDH destaca las demandas de los pobladores: “Seguridad competente en la zona; activar mecanismo de búsqueda para localizar Elías Gallegos, y a Fredi Gallegos García; ayuda humanitaria para cubrir las necesidades alimenticias; y atención a las personas desplazadas”.
En otro punto se resalta que el Programa Sembrando Vida, no ha llegado a las comunidades del Ejido Guajes de Ayala, y recordaron que en julio de 2021, fue asesinado un joven becario, que documentaba la incorporación de los ejidatarios al programa.
Al respecto la CNDH exhortó al “gobierno del estado, la Fiscalía General de Justicia, y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, para que sin demora, realicen todas las investigaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos sucedidos en las comunidades a que se ha hecho mención, y se dé castigo a las y los responsables, así como la reparación integral del daño a familiares de las víctimas”.
Finalmente, los ejidatarios apelaron a la voluntad política de la gobernadora Evelyn Salgado “y a su mística de trabajo, solo pedimos y solicitamos justicia y gobernabilidad en el territorio para persuadir a la delincuencia, y salvaguardar la integridad de cada familia, de las cuales, aun por encima de esta violencia, optaron por no desplazarse para no perder el poco patrimonio de toda la vida. Sin justicia no hay paz, y sin paz no hay desarrollo” concluyen.
