Xpujil, Camp. El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, exigió un “alto al hostigamiento” hacia las comunidades de esa zona y a los integrantes del propio Consejo, al tiempo que demandó se respete el principio de Libre Determinación de los Pueblos de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y otras Declaraciones de la ONU, OEA, y se opusieron a la construcción de un cuartel más de la Guardia Nacional en Xpujil, así como “mal llamado” Tren Maya.

En un comunicado, los dirigentes del organismo denunciaron que el megaproyecto “mal llamado Tren Maya, es una obra marcada desde su diseño, ejecución (en algunos lugares) y su posible administración, por la corrupción”. Se quejaron de que hubo simulación de Consulta y Consentimiento los días 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2019, pues explicaron en solo 15 minutos un megaproyecto que va a modificar el entorno y vida de las comunidades.

El martes 21 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Asignación de la SCT, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “para construir, operar y explotar la vía ferroviaria denominada Tren Maya”, pero ese Fondo licitó el 24 de enero 2020 la obra de la Fase 1, antes de la asignación, lo que catalogaron también como manipulación, abuso, y corrupción.

En su comunicado, denunciaron que Fonatur recurrió a despachos como Barrientos y Asociados para incurrir en fraude, extorsión y concusión en ejidos de los municipios de Candelaria, Escárcega y Champotón, e inculparon de esos hechos a los representantes de los ejidos.

En esas acciones también se involucró la Procuraduría Agraria, al no garantizar a los ejidos tener en físico los convenios de ocupación previa a título gratuito de las tierras de uso común sujetas a expropiación; la Procuraduría Agraria debió procurar justicia y defender los derechos de los sujetos agrarios y lo único que hizo fue simular, dejar que Fonatur y sus despachos y empresas elaboren convenios-contratos leoninos, permitir hacer obra sin medir los impactos, y dejar en la indefensión a los ejidatarios, lo que también es corrupción.

Señalaron que el siete de julio del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la concentración, promovida por Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. Que los juicios de amparo indirecto materia de la concentración se impugnaron diversos actos relacionados con las consecuencias de la planeación, construcción, desarrollo y/o acondicionamiento del Tren Maya, solicitud inducida para evitar distintas maneras de proveer, proceder y acordar sobre este megaproyecto y allanar el camino de las omisiones, facilitar y aprovecharse de su cargo, esto también es conocido como corrupción.

Ante el Acuerdo del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativas del Decimocuarto Circuito de desecharles o negarles a las 13 personas que se presentaron como Terceros Interesados o tener interés jurídico, estos y con el apoyo de un regidor del H. Ayuntamiento de Calakmul, y los representantes de Morena se han dedicado a presionar, hostigar, mentir y ofrecer recursos financieros para firmar el desistimiento de la demanda de amparo de algunos compañeros.

Reclamaron que el 22 de noviembre y 22 de diciembre del 2021, con el acuerdo interinstitucional de facilitar, omitir, transgredir todos los requisitos, reglamentos, licencias, manifestaciones de impactos ambientales, y sobre todo sin cumplir con las medidas de mitigaciones reales, profundas, de largo tiempo, justas, correctamente ambientales, acompañados con la reforma la cual criminaliza la protesta con multa y cárcel a quienes interrumpan el tránsito o la obra de las vías de comunicación, se facilita, omite y viola los derechos humanos y colectivos, lo que es también corrupción.

“Nosotros creemos en la Democracia Participativa en la Libre Determinación, no en la concentración del poder en una persona” señalaron, y explicaron que todas esas acciones buscan crear las condiciones para iniciar obras en el tramo número 7, y final (el que pasará por el municipio de Calakmul), sin oposición o la criminalización y el hostigamiento al CRIPX, por lo que exigieron el cese al hostigamiento a este Consejo y a las comunidades que se oponen al megaproyecto, así como a la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional.