La incorporación en 2019 de esta institución política en nuestra Constitución se convierte en la oportunidad de la sociedad de recuperar esa posibilidad de influencia en el representante, de reivindicar ese poder ciudadano de removerlo (o no) de una manera democrática, pacífica y eficaz. El establecimiento de mecanismos de democracia directa como la revocación de mandato, la consulta popular, entre otros ejercicios de participación ciudadana, reafirman la soberanía popular y fortalece el sistema representativo que ha prevalecido en nuestro país. La historia nos muestra que el ejercicio del derecho al voto no ha sido suficiente ni mucho menos definitivo para que nuestros máximos representantes se encuentren a la altura de las demandas sociales de una población diversa y compleja como la nuestra. He aquí la importancia de la existencia de mecanismos democráticos que posibiliten a la población de manera directa, retirar o no la confianza en el máximo representante del Poder Ejecutivo cuando los resultados no son los deseados.

En el caso específico del primer Presidente que se someterá a la revocación de mandato, con base en un nivel de aprobación estimado de 67 por ciento a tres años de su gobierno, y el segundo mandatario más popular de mundo, después del primer ministro de India de acuerdo con Financial Times, no hay duda de que la inmensa mayoría de población ratificará la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de esta iniciativa.

Por otro lado, en este año tendremos elecciones en seis entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Con la fallida Alianza Federalista, se estima que el voto popular en tres de sus ex integrantes: Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, se incline hacia Morena y obtenga la mayoría de las preferencias en por lo menos dos estados más.

Durante este proceso electoral, se hace imperante que el Consejo General del INE pueda racionalizar los costos que utiliza para garantizar el sufragio y transitar hacia métodos más modernos y accesibles para la población.

Otro tema que es de interés nacional tiene que ver con las acciones que ha emprendido el gobierno federal para evitar el trasiego de armas hacia nuestro país y, de esta manera, reducir el nivel de violencia provocado por el uso de armas que provienen del país vecino, lo cual es importante seguir visualizando a fin de que la población conozca y se interese.

Primero, el fin de la llamada Iniciativa Mérida, que implicaba una entrada de recursos de Estados Unidos a nuestro país sólo para temas de capacitación y suministro de equipos, lo que evidentemente fue insuficiente para contrarrestar el grave problema de la violencia en México, desatada en su mayoría por grupos de narcotráfico, así como el hecho de poder vincular los problemas en común entre ambos países.

El año pasado, México y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo: Entendimiento Bicentenario, el cual contiene un enfoque más integral, que se interesa no sólo en combatir crímenes transfronterizos, sino también por el bienestar de la población afectada. Sin embargo, la prioridad para México es detener el flujo masivo de armas ilegales que llegan a nuestro país de Estados Unidos, con base en una inédita cooperación en materia de seguridad entre ambos países. En diciembre de 2021 se conformaron los grupos de trabajo.

En segundo lugar, y paralelamente a esta negociación, recordemos que en agosto de 2021 el gobierno de México presentó la primera demanda civil en Estados Unidos contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas, vinculadas con el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país. Con ello se busca hacer responsables a estas empresas que, por sus políticas flexibles, contribuyen al financiamiento de redes de narcotráfico en el país, así como incidir en mejores prácticas en el comercio de armas para prevenir el tráfico ilícito a México.

Tercero, recientemente, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas adoptó por mayoría la resolución de México sobre tráfico y desvío de armas, que entre otros efectos convoca al pleno cumplimiento de la misma, la existencia de mayor intercambio de información sobre traficantes y rutas, mejorar el seguimiento a los flujos de capital que derivan del tráfico ilegal, y reconocer la importancia de la colaboración de las empresas privadas del sector de armas, lo que complementa las acciones del gobierno de México para lograr objetivos claros en torno a esta problemática.

El gobierno de México avanza hacia la transformación del país.