Lima. La fiscalía general de Perú dijo este martes que abrió una investigación al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias en casos relacionados a contratos de obras de empresas con el Estado.
La "investigación preliminar" es sobre reuniones de Castillo con representantes de empresas en la que se habrían gestionado la adjudicación de un contrato para construir un puente en una zona amazónica y otro para la venta de combustible a la estatal Petroperú, dijo un comunicado de la fiscalía por Twitter.
"Se le atribuye al jefe de Estado (...) haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular" a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgue la obra a un consorcio privado de construcción, refirió la fiscalía.
Asimismo, la investigación incluye el caso de presunta injerencia en ascensos de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, en el cual Castillo fue interrogado como testigo en diciembre. En este caso, se le atribuye "los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal", agregó.
Las pesquisas ocurren después de que el Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó el 17 de diciembre ante la fiscal general Zoraida Avalos una denuncia sobre estos casos.
La oficina de prensa de Palacio de Gobierno no estuvo disponible de inmediato para hacer comentario sobre el tema.
Castillo, cuya popularidad ha caído rápidamente tras asumir funciones a fines de julio, ha rechazado las acusaciones en su contra que afirma son orquestadas por sus opositores, partidos minoritarios y grupos económicos que no aceptan que ganó las elecciones y por eso quieren sacarlo del poder.
Los presidentes de Perú en ejercicio no pueden ser acusados por la justicia durante su mandato de cinco años, debido a su inmunidad por el cargo, pero si pueden ser investigados.
El mandatario Castillo superó en diciembre un intento de la oposición en el Congreso unicameral para iniciar un juicio político en busca de destituirlo del cargo, alegando "su incapacidad moral" para gobernar.
