En cuanto llegó a la Casa Blanca, Biden suspendió los Protocolos de Protección al Migrante (conocidos como Quédate en México o MPP) pero un juez de un tribunal del estado de Texas (sur) ordenó que se restablecieran de buena fe.
El 6 de diciembre, Estados Unidos reactivó parcialmente el programa, de acuerdo con México, para cumplir esa orden, mientras seguía adelante con un recurso interpuesto ante el tribunal de apelación, que dio la razón a la corte de distrito.
Ahora, el gobierno de Biden insta a la Corte Suprema, donde seis de los nueve magistrados son conservadores, a otorgar certiorari, es decir aceptar el caso, y revertir el fallo del tribunal de apelaciones.
Los circuitos jurídicos inferiores han ordenado al Departamento de Seguridad Interior (DHS) que implemente y haga cumplir indefinidamente el programa MPP, efímero y controvertido, a pesar de que el Poder Ejecutivo estima que no es la mejor herramienta para disuadir la migración ilegal, señala el texto.
Riesgos inaceptables para la población en tránsito
Quédate en México expone a los migrantes a riesgos inaceptables y desmerece los esfuerzos de relaciones exteriores del Ejecutivo para gestionar la migración regional, añade.
El flujo de migrantes por México, en su mayoría centroamericanos, ha aumentado bajo la presidencia de Biden debido a sus promesas de una política migratoria justa y humana.
Las autoridades mexicanas de migración han detectado a más de 190 mil extranjeros solicitantes de asilo entre enero y septiembre, tres veces más que en 2020 y el flujo de caravanas numerosas no muestra tendencia a diminuir en el corto plazo.
