Chilpancingo, Gro. Rechazo, incertidumbre y desilusión provocó entre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Guerrero, la designación de Sandra Luz Valdovinos Salmerón como fiscal general.

En entrevista vía telefónica, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan opinó: “es la postura del gobierno de Evelyn Salgado Pineda para apretar las tuercas y por eso está una representante de las fuerzas armadas; pero no fue la salida más idónea, porque la autonomía no se va a garantizar”.

No hay compromiso claro de que se van a respetar los derechos humanos, dijo Barrera, y aseguró que “marcados por una historia, que sigue afectando nuestro presente; el mensaje de nombrar a una militar, puede mandar señales de fuerza, de aplicar la ley, pero al mismo tiempo manda la señal de impunidad, porque no ha habido justicia con los crímenes del pasado”.

Afirmaron que, con el nombramiento de una fiscal militar, se reivindica al ejército como para decir: “es la milicia la que ahora viene a investigar delitos y aplicar las normas. Sabemos que hay una gran debilidad en este instituto porque no ha rendido cuentas de los crímenes del pasado, y esto va a afectar la vida presente y futura de la entidad”.

Un militar se debe a su institución “siempre estará supeditada a normas superiores, aunque quiera trabajar de manera autónoma; el tema de la autonomía queda en entredicho; debió designarse a una autoridad civil para fortalecer la fiscalía, con mandos civiles, profesionalizada en temas de derechos humanos, y protección a las víctimas; cercana y empática con las familias que han padecido violaciones a los derechos humanos”, afirmó Barrera.

El activista dijo que con el nombramiento viene la intención de querer mostrar fuerza para aplicar la ley con dureza y con todo el peso que representa esta forma de aplicarla. Pero se tiene que actuar con imparcialidad y autonomía para ganarse la confianza de las víctimas porque persiste la desconfianza con el actuar del ejército, que siempre ha sido visto como enemigo.

Afirmó que en Guerrero, el gobierno tiene una deuda muy grande con la sociedad, debido a que se cometieron crímenes que tienen que ver con la persecución y criminalización de las protestas, en donde el Ejército mexicano tuvo un papel preponderante en la desaparición y ejecuciones que se dieron contra activistas, estudiantes, maestros, campesinos, durante la llamada Guerra Sucia (1969-1979).

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, manifestó que “es un retroceso de un gobierno que se dice de izquierda, progresista. Debió haber una diferencia ya que el movimiento social ha luchado durante muchas décadas por desmilitarizar la vida pública, para que el Ejército Mexicano rinda cuentas”.

Refirió que el Ejército mexicano está señalado de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos desde la Guerra Sucia, prueba de ello es el caso de Rosendo Radilla, cuyo caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del Estado Mexicano.

Un segundo caso, más reciente es el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes “fueron torturados por elementos del Ejército Mexicano; de igual forma está el caso de las indígenas Me´phaá, Valentina Rosendo Cantú, e Inés Fernández Ortega, que fueron violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano, que también fueron a la Corte Interamericana, y también se emitió sentencia”.

Y por último el caso del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, por las graves violaciones en cometidas en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, en las que también apunta la responsabilidad al Ejército mexicano; “nos parece un retroceso que el nombramiento (de la fiscal) recaiga en una militar”.

Octaviano Gervasio Serrano, del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados en la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, manifestó que “está bien que se haya designado a una mujer (como fiscal), pero alguien con instrucción militar está capacitada para justicia militar”.

Consideró que la designación de una militar en la fiscalía no fue lo más adecuado y que a pesar de creer que la gobernadora Evelyn Salgado lo hizo de buena fe, lo que se ha visto es que no pueden hacer de todo.

Mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado una gran confianza al ejército, pero no están cumpliendo con esa confianza; la Guardia Nacional “no es otra cosa que el ejército, son policías militares que iniciaron desde el tiempo de (Felipe Calderón), que no han funcionado. Tenemos en una esquina a 50 elementos de la GN, pero en la siguiente esquina están levantando a alguien y no actúan”.

Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, señaló “hasta se me enchina el cuerpo saber que una militar ocupará el cargo. Yo acuso al Ejército Mexicano de haber asesinado a mi padre. El gobierno estatal dice que viene de la izquierda, pero no es así”.

En su turno José Díaz Navarro, del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, afirmó que es preocupante que se le siga dando tanto poder a los militares, sobre todo en temas de seguridad, “porque solo hay resultados nulos, y en el caso de Guerrero, fallaron los diputados al no ponerse de acuerdo para nombrar al fiscal”.

Finalmente, Martha Obeso, esposa del diputado Armando Chavarría Barrera, asesinado en 2009, se dijo sorprendida por la designación de una militar en el cargo, y que fue un desdén ignorar a Vidulfo Rosales, que era una propuesta de las organizaciones sociales; “sin duda Guerrero sigue siendo como un gran laboratorio de la política de Estado”.