Madrid. El gobierno de izquierdas español aprobó este martes una reforma laboral pactada con patronal y sindicatos y que tiene como objetivo acabar con los contratos precarios y la inestabilidad laboral.
Esta reforma "supone un hito en nuestra legislación", estimó en Twitter el primer ministro socialista Pedro Sánchez, congratulándose por la creación de "un nuevo marco de relaciones laborales para garantizar el presente y futuro de los trabajadores/as".
De este modo, el gobierno revisa la reforma adoptada en 2012 por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy que, según sus detractores, hizo aumentar la inseguridad laboral en un país con un porcentaje récord europeo de contratos temporales.
"Hay jóvenes y mujeres, lo destaco, que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida, y ahora les vamos a dar la oportunidad de romper con el paradigma o la trampa de la precariedad", aseguró en conferencia de prensa la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, la comunista Yolanda Díaz.
Esta reforma pasa "página a la precariedad en España, y esto me parece que es el gran reto que teníamos como país, el gran déficit que tenía España y es lo que nos hace singularmente diferentes en la Unión Europea", añadió Díaz.
La reforma laboral impone que la contratación indefinida sea la norma, prohíbe despedir a los funcionarios por motivos económicos, e instaura permanente los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), un mecanismo que se creó durante la pandemia de coronavirus para evitar que los trabajadores perdieran su salario y empleo por la suspensión de la actividad en sus empresas.
El proyecto de ley aprobado por el consejo de ministros aún deberá ser aprobado por el Parlamento, en una fecha que no se ha especificado.
La reforma del mercado laboral de los conservadores en 2012 estuvo motivada por la necesidad de reactivar la economía española, devastada por la crisis financiera de 2008.
Logró un fuerte descenso de la tasa de paro, de casi el 27% en 2013 a cerca del 16% en la actualidad, pero a costa de una gran inseguridad laboral.
El gobierno de Pedro Sánchez y los interlocutores sociales estaban inmersos en una carrera contrarreloj, ya que la Comisión Europea exigía esta reforma para finales de año a cambio del megaplan de recuperación europeo, del que España va a ser uno de los principales beneficiarios con 140 mil millones de euros.
Esta profunda reforma fue también uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado a finales de 2019 por el partido socialista del señor Sánchez y su aliado de izquierda radical Podemos.
