Madrid. España tendrá una nueva legislación laboral a partir del próximo año. Después de una larga negociación de nueve meses, la patronal, los sindicatos y el Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez, acordaron la modificación de aspectos medulares de la actual legislación laboral, sobre todo para reducir el alto porcentaje de contratos temporales y fortalecer la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios. Con este reforma de mínimos, el gobierno español incumple el acuerdo que firmó en su día con su socio de coalición, Unidas Podemos (UP), y con la izquierda independentista vasca de EH-Bildu, de derogar íntegramente la actual legislación.
Los representantes de la patronal y los sindicatos, con algunas divisiones internes, sobre todo en el sector empresarial, finalmente dieron luz verde para respaldar la reforma laboral, uno de los proyectos más emblemáticas del actual gobierno desde que asumió el poder en el 2019. Una vez firmado el acuerdo, ahora se deberá aprobar el texto en el próximo Consejo de Ministros, que además será el último de este año, para que la nueva legislación entre en vigor en enero del 2022.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y UP asumieron el poder en el 2019 con varios compromisos principales, entre ellos estaba el de la “derogación íntegra” de la legislación laboral que había sido aprobada en el 2012 por la mayoría absoluta del anterior gobierno, del derechista Mariano Rajoy, en los peores años de la crisis económica. Cuando fungían como oposición, tanto el PSOE como UP hicieron de la legislación laboral uno de sus principales caballos de batalla, sobre todo porque suponía un abaratamiento desmedido del despido, fomentaba el trabajo temporal y favorecía al empresariado en la negociación colectiva.
Una vez en el poder, el gobierno de Sánchez firmó un pacto en el Congreso de los Diputados con EH-Bildu, al que se sumó después el grupo independentista catalán de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para la derogación total de la legislación laboral. Ese pacto finalmente no se cumplirá, ya que la actual reforma no es ni de lejos una “derogación total”, como se había prometido, aunque sí modifica aspectos sustanciales de la legislación aprobada por el PP, sobre todo en lo relativo a la negociación colectiva y a la temporalidad de los empleos. Sin embargo, uno de los aspectos más lesivos de la legislación, que es el abaratamiento del despido y la vulnerabilidad de los trabajadores ante la patronal, no se toca ni un ápice.
Los dos principales sindicatos españoles participaron de las negociaciones y apoyaron el acuerdo sin fisuras, a pesar de que ellos mismos también se habían comprometido a lograr una derogación total de la actual normativa. La Unión General de Trabajadores (UGT) defendió la nueva reforma porque consigue “tres objetivos fundamentales: la recuperación de la negociación colectiva, la lucha contra la temporalidad y avanzar en la estabilidad en el empleo”. Mientras que Comisiones Obreras (CCOO) defendió el acuerdo como un logro significativo para la clase trabajadora.
Mientras que los representantes de la patronal señalaron que el acuerdo “mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas y asegura la libertad de empresa, además de que se mantiene la prioridad de aplicación del convenio de empresa con la única excepción de la materia salarial”.
El presidente Pedro Sánchez se pronunció a través de un mensaje en las redes sociales, en el que señaló que “hoy avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales del siglo XXI. Lo hacemos con la bandera del acuerdo y el diálogo. Queremos trabajos y sueldos dignos, que garanticen los derechos de todos y todas”.
Mientras que la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, que además ostenta el liderazgo de la UP, advirtió que “acabamos el 2021 cumpliendo el compromiso del Gobierno: una nueva legislación laboral que recupera derechos en favor del trabajo decente”.
El precio de la luz sigue por encima de los 300 euros
En vísperas de las fiestas navideñas, el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) informó que el precio del Megavatio hora (MWh) el 24 de diciembre será de 311 euros, es decir que bajará casi un 20 por ciento con relación a lo que costó el día anterior, en el que se registró el récord histórico de costo de 383 euros de media durante la jornada y que en las horas pico de consumo superó los 409 euros.
En cualquier caso, tanto el OMIE como los organismos internacionales de la electricidad y el mercado de la competencia advierten de que la tendencia de los precios al alza se mantendrá al menos hasta marzo próximo y que si acaso en abril se prevé una estabilización de los precios por debajo de los 300 euros y por encima de los 200. Que en cualquier caso es un precio altísimo e inédito hasta ahora.
