Mexicali, BC. Con el voto en contra del PAN y del PES, el Congreso de Baja California aprobó por mayoría el dictamen 17 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales relativo a la modificación de los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.
Durante la sesión celebrada este jueves 23 de diciembre, de los 25 diputados locales 19 votaron a favor y seis en contra.
El requisito para quien asuma el cargo es contar con cédula profesional de abogado y tener cinco años de actividad relacionada con la investigación de delitos y el esclarecimiento de los hechos en la procuración de justicia, combate de la delincuencia y prevención del delito. El requisuto anterior era 10 años de haberse titulado.
El inicialista y presidente de la comisión legislativa, Juan Manuel Molina, explicó que el objetivo de la reforma es asegurar la profesionalización del cargo con el establecimiento de un mínimo de experiencia especializada.
La reforma consiste en el artículo 70 de la Constitución Política de Baja California y del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Ambos estuvieron vigentes durante dos años cuando surgió la FGE y se adaptaron los requisitos para el nombramiento del abogado Guillermo Ruiz, compadre del ex gobernador Jaime Bonilla Vakdez.
Molina García dijo que con esta validación se aplica la exigencia constitucional para que el nombramiento se apegue a los requisitos comprobables previos de ejercicio.
Las reformas se turnarán a los Ayuntamientos para cumplir con el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política de Baja California.
En la sesión también se hizo otra reforma constitucional para definir el plazo máximo de 15 años en funciones para los jueces del Poder Judicial del Estado.
A propuesta de la diputada Rocio Adame, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, esta reforma queda sin efecto jurídico para quienes fueron nombrados antes del 2 de febrero de 2007
La diputada por Morena advirtió que las modificaciones refuerzan los principios de estabilidad y permanencia en el cargo, además de garantizar y respetar el servicio profesional de carrera.
