La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo el miércoles que la isla es "un ejemplo de la real disidencia", ante las críticas contra su gobierno, tanto externas como internas, por la falta de tolerancia hacia la oposición.
"Un Estado fallido no soporta 62 años de bloqueo recrudecido en medio de una pandemia, tampoco esos golpes una dictadura", dijo Díaz-Canel, refiriéndose al endurecimiento los últimos años del embargo impuesto por Estados Unidos hacia Cuba.
"Rechazamos categóricamente esos términos con los que tratan de ponerle etiquetas a una revolución que en sucesivos actos heroicos se ha convertido en un ejemplo de la real disidencia a la hegemonía global impuesta por la dictadura del capitalismo", añadió el mandatario al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
Díaz-Canel se refirió sin mencionarlo a las críticas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, poco después de las manifestaciones del 11 de julio que sacudieron a su gobierno, que dejaron un muerto y 1.320 detenidos, de los cuales 698 aún están en prisión, según la ONG Cubalex.
"Cuba es, lamentablemente, un Estado fallido que reprime a sus ciudadanos", sostuvo Biden entonces, cuyo gobierno ho ha dejado de reclamar la liberación de los detenidos por aquellas manifestaciones, en un 2021 en el que ha surgido una oleada de jóvenes disidentes en la isla.
Así concluyeron el miércoles tres días de intensas intervenciones parlamentarias, en las que se aprobó el presupuesto y se avanzó en el código de Familias, una legislación para legalizar el matrimonio igualitario.
"El interés es lograr una disposición legal atemperada a estos tiempos que refleje la realidad sociocultural y las distintas problemáticas que se manifiestan en la cotidianidad de nuestras vidas", sostuvo el presidente sobre este código que será sometido a consultas populares entre febrero y abril del próximo año.
Los homosexuales han enfrentado discriminación en Cuba, en especial en las décadas de 1960 y 1970 cuando eran enviados a campos de trabajo conocidos como unidades militares de ayuda a la producción UMAP.
Las autoridades trataron de incorporar el tema en la Constitución aprobada en 2019, pero fracasaron ante el fuerte rechazo que generó en las Iglesias Evangélicas y otros sectores sociales.
