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Gobierno de Tizayuca, Sedatu e Infonavit firman convenio de trabajo

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La reunión donde se acordó el convenio. Foto @SEDATU_mx
21 de diciembre de 2021 17:39

Ciudad de México. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el municipio de Tizayuca, Hidalgo, firmaron un convenio de colaboración para recuperar casi 500 viviendas abandonadas en dos polígonos de esa demarcación, y hacer mejoras en su entorno urbano.

El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, explicó que este acuerdo se realiza en el contexto de la estrategia de atención de vivienda abandonada en la que el organismo que él encabeza y el Infonavit implementan el programa de Regeneración Comunitaria, orientado a la recuperación de vivienda con concentración geográfica a través de esquemas de regeneración socioespacial.

“Con este convenio se recuperarán 500 viviendas y se trabajará en un plan estratégico para el mejoramiento del entorno en el municipio, al ser este uno de los más cercanos al nuevo Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles”, precisó el titular de la Sedatu.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Daniel Fajardo Ortiz, destacó que el objetivo de promover políticas públicas para recuperar viviendas abandonadas es mejorar el entorno urbano, hacer espacios habitables y dar certeza jurídica a fin de que las familias tengan servicios cercanos y mayor seguridad.

“En esta alianza no solo se busca recuperar viviendas abandonadas; sino mejorar los entornos urbanos y para eso se requiere planear. Este convenio es para eso; para identificar las necesidades y llevar a cabo planes de desarrollo”, explicó.

La subdirectora general de Gestión de Cartera de Infonavit, Alicia Barrientos Pantoja, mencionó que esta estrategia permitirá ofrecer a las familias recuperar su patrimonio garantizándoles bienestar y un entorno seguro.

En el acto estuvo presente la alcaldesa de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, quien agradeció el apoyo del gobierno federal para “fortalecer los planes de desarrollo y promover un ordenamiento que beneficie a las comunidades”.

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