Ciudad de México. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Sin Fronteras demandaron al gobierno federal poner fin a criminalizar la migración, como ha ocurrido frecuentemente y cesen las violaciones a derechos humanos de los migrantes. “En nuestro país, la detención migratoria es la regla general y no la excepción contraria a lo que mandatan los estándares internacionales, esto puede durar un par de horas, meses o incluso años en Estancias Migratorias con infraestructura y organización en pésimas condiciones”.

Asimismo, pidieron que las instancias competentes del estado mexicano “atender, investigar, y resolver con celeridad que demandan los procedimientos y administrativos iniciados en contra de servidores públicos que violentan los derechos de las personas migrantes y quienes buscan protección internacional lo que implica iniciar investigaciones serias , imparciales y efectivas”

En un pronunciamiento en ocasión del día Mundial del Migrante, sostuvieron que ambas organizaciones han documentado y denunciado “las violaciones de derechos de las personas en contexto de la movilidad humana sufren al interior de las Estancias migratorias, entre ellas: hacinamiento, la falta de atención médica, de alimentos adecuados y agua potable; la imposibilidad de acceder o dar seguimiento a procedimientos de protección internacional; la incomunicación; la represión de protestas para exigir sus derechos el abuso sexual y el sometimiento a castigos corporales.

Refirieron que en México, de enero a octubre han sido detenidos 228 mil 113 por parte de las autoridades migratorias de los cuales 48 mil 700 eran niños y adolescentes. Este contexto ha permtiido una criminalización favorecida por los estereotipos , discriminación, xenofobia y racismo.

Personas migrantes, solicitantes de asilo, víctimas de delitos y personas apátridas permanecen privadas de su libertad arbitrariamente en estos lugares, hasta que las autoridades resuelvan su situación migratoria. En muchos de los casos, esta detención desemboca en la expulsión del país sin considerar, de manera individualizada la situación de cada persona lo cual incluso atenta contra las normas de derecho internacional”.