Ciudad de México. Al confirmar que durante las protestas magisteriales de 2013 en contra de la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto se detuvo y torturó al docente y activista de derechos humanos Damián Gallardo Martinez, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas demandó a México “que deje de criminalizar la defensa de los derechos humanos”. Advirtió que en el mencionado caso, Gallardo fue objeto de una indebida detención y tortura por un delito que no cometió”.

En sus conclusiones, el Comité contra la Tortura de la ONU subraya que “el proceso penal iniciado en contra de Gallardo se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales en México. El comité exhortó a México a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición, incluida la garantía de que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos”.

En un pronunciamiento del Comité se detalla que Gallardo es miembro del pueblo indígena Ayuuk de Santa Maria Tlahuitoltepec de la región mixe de Oaxaca, donde promovió la participación de la comunidad en las protestas de la sección magisterial en la entidad, en 2013. En mayo de ese año “siete policías irrumpieron en su domicilio mientras descansaba y lo arrestaron sin orden judicial, permaneciendo detenido en un régimen de incomunicación en un centro de detención clandestino.