Chilpancingo. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que, junto con autoridades municipales y estatales, acordaron en asamblea el lunes pasado, el retorno de la niña A.M.G, a la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña Alta de Guerrero.

Como se recordará la niña, de identidad reservada, A.M.G., fue obligada a casarse, previo pago de 120 mil pesos, y posteriormente encarcelada por su suegro, quien abusó sexualmente de ella, por lo que el lunes pasado Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de Tlachinollan; Violeta Pino, titular de la Secretaría de la Mujer; Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Bernardo Ponce García, alcalde de Cochoapa, acompañaron a la menor, y a sus padres de ella, a Joya Real, para regresar a vivir, después de estar presa el día 24 de noviembre pasado.

Esta tarde el Centro Tlachinollan, difundió los acuerdos tomados en la asamblea, entre los que destacan el compromiso del alcalde Bernardo Ponce a continuar realizando reuniones con los comisarios y delegados municipales “para que no continúen formalizando matrimonios forzados con pagos monetarios, ya que tiene consecuencias jurídicas”.

Además de buscar una “con los secretarios de Salud y de educación, para que envíen a la brevedad posible maestros para los niveles preescolar, primaria y secundaria y asignar personal médico y medicamentos para la comunidad. Otro compromiso del edil fue gestionar obras para la comunidad de Joya Real.

En tanto, el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, se comprometió a “hacer llegar el presente acuerdo y formalizar una petición a la gobernadora del estado, para que atienda a la brevedad a la comunidad de Joya Real, con maestros, personal médicos y medicamentos y el mejoramiento del camino de terracería”.

Se asumió el compromiso de las autoridades involucradas a que “estarán atentos de que las autoridades municipales y comunitarias velen por la seguridad de la familia de la menor, caso contrario, cualquier persona que las moleste, las amenace o los intimide, se actuara en su contra iniciando el procedimiento legal correspondiente”.

También el alcalde “se compromete a dar cumplimiento a las medidas de protección decretadas por la fiscalía general del Estado, las cuales le fueron notificadas al director de Seguridad, y la síndica Procuradora municipal Hildeberta Moreno, a través del Fiscal especializado en atención a pueblos indígenas Ramiro Rivera, para que se garantice su integridad física de todos los integrantes de la familia de la menor de identidad reservada con iniciales A.M.V. Haciendo la aclaración que en este momento se informó de que la puerta de su domicilio se encuentra dañada (macheteada) y no hay condiciones para que la familia de la menor retorne a su domicilio por su seguridad personal”.

Los padres de familia, principales del pueblo y las autoridades municipales presentes “respetarán los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual no se les obligara a formalizar matrimonios forzados a cambio de dinero, comprometiéndose a velar por sus derechos humanos”.

Las autoridades municipales y comunitarias presentes “vigilaran que no se continúen realizando matrimonios forzados, así como evitar en lo posterior privar de la libertad personal a los padres y madres de menores de edad que exijan la devolución del dinero o formalicen matrimonios infantiles”.

Las autoridades estatales y municipales presentes, enviarán oficios a la secretaria de Educación en el estado “para que envíen maestros a las diferentes escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria en la localidad de Joya Real; y a la secretaria de Salud, para que envíen personal médico y medicamentos”.

Se buscará al responsable a nivel federal de los programas federales de las becas Benito Juárez “para agilizar la entrega de los apoyos para los beneficiarios y sus titulares”.

La secretaria de la Mujer, Violeta Pino, iniciará “un proceso de capacitación con los comisarios, principales, mujeres, adolescentes, niñas y niños, para que conozcan sus derechos, para lo cual el presidente municipal generara los espacios para garantizar que se realicen dichas capacitaciones; y la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso, ofrecerá asesoría jurídica y capacitación en temas derechos humanos de las mujeres”.

El alcalde Bernardo Ponce, “brindará protección a los menores de identidad reservada de iniciales M.C.M. y A.M.G., una vez que retornen a su lugar de origen”.