Ciudad de México. La jefa del gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) hubo una mala planeación al no garantizar el pago de las prerrogativas a los partidos políticos, como es su obligación constitucional.

En conferencia de prensa, se pronunció porque la Auditoría Superior local haga una revisión del presupuesto de dicho órgano, al señalar que los recursos para los partidos durante el año se debieron contemplar desde el principio y “no esperar al último mes para decir: ‘Pues necesitamos más recursos’”.

Explicó que la menor parte de los recursos del instituto fue distribuida a los partidos y en cambio se destinó un monto importante a la elección intermedia, cuya organización recayó principalmente en el Instituto Nacional Electoral.

Subrayó que desde el principio se planteó al IECM y a todos los demás órganos autónomos locales que éste iba a ser un año difícil, por lo que era necesario hacer un trabajo de austeridad y disminuir gastos suntuarios.

Recordó que por ser año electoral, el órgano autónomo recibió un presupuesto mayor en comparación con el del año pasado, pero nosotros siempre planteamos que, dado que son ya casillas únicas y una buena parte del proceso electoral lo lleva el Instituto Nacional Electoral, pues no se requería tanto recurso.

Tuvo ampliación de 100 mdp

De hecho, al instituto se le asignó un presupuesto de mil 586 millones 600 mil pesos, el cual tuvo una ampliación de 100 millones.

Lo que no entendemos es por qué no destinaron los recursos y no los prepararon con planeación para que los partidos políticos pudieran tener sus prerrogativas de enero a diciembre; esa es la parte que nosotros no entendemos por qué se destinaron recursos a otros rubros y no están cumpliendo con esta obligación constitucional de entregar las prerrogativas a los partidos, expresó Sheinbaum Pardo.

En la última sesión del instituto del año, Morena advirtió que presentará una denuncia contra el organismo por el presunto uso irregular de los recursos públicos, del que acusó directamente al ex presidente Mario Velázquez Miranda.

Entre las irregularidades detectadas está que no se aplicó el ajuste salarial de 5 por ciento, se redujo la contratación del personal por honorarios y se cancelaron los apoyos económicos para 80 prestadores de servicio social.

Aunado a ello, no realizó la consulta a niños para conocer sus preocupaciones en las comunidades, el diagnóstico sobre participación ciudadana en la capital y el segundo informe sobre cultura cívica.