Ciudad de México. Al denunciar que la tragedia en la que fallecieron 53 centroamericanos en Chiapas obedece a la adopción de políticas migratorias fallidas, alrededor de 40 organizaciones de derechos humanos de México y Centroamérica exigieron una profunda investigación sobre las causas que provocaron este desenlace. Denunciaron que el hacinamiento en que viajaban evidencian las adversidades que enfrentan y los forzaron a transitar en condiciones que son mortales

Es necesario que “se lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, estableciendo las circunstancias y responsabilidades , haciendo partícipes a las familias de los procesos de justicia, verdad y reparación”.

En un pronunciamiento de las organizaciones como Fundación para la Justicia, Sin Fronteras, Red todos los derechos para todos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto de Mujeres en Migración, la Red de Jesuitas de Centroamérica, o la Casa Monarca consideraron que “la muerte de estas personas se suma a las violaciones que se han documentado en los últimos años contra la población migrante”.

Tras señalar que todas las organizaciones han denunciado el endurecimiento de las políticas migratorias condenaron la aceptación del gobierno mexicano el programa estadounidense conocido popularmente como Quédate en México “violando su derecho a estar en el país que ellos consideran seguro.

Hicieron un llamado para que las personas heridas reciban la atención médica y se regularice su situación migratoria y se permita que sus familiares, así como de las personas que fallecieron, puedan venir al país para estar con ellos; que los procesos de identificación humana de quienes perdieron la vida sea con mecanismos que atiendan su dignidad; que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas represente a los familiares de las víctimas, garantizándoles el cumplimiento de sus derechos y asumiendo los gastos funerarios.

Demandaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mantenga la vigilancia para salvaguardar los derechos de las víctimas y que, con la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores garantice la debida coordinación con los gobiernos de los países de origen para que las decisiones se adopten en consenso con los familiares.

Asimismo, que la Procuraduría de Protección a la Infancia intervenga en los que involucren a niños y adolescentes para defender el interés superior.