Bogotá. Unos 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en lo que va del año, según un informe de la Defensoría del Pueblo, la entidad estatal encargada de velar por los derechos de los colombianos.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró en una declaración oficial que aunque se trata de una cifra menor en comparación a la de 2020 -con 182 casos- la violencia en el país no cesó tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que entregaron las armas tras cinco décadas de conflicto interno.
Luego de cinco años persisten otros grupos armados que se disputan la renta del narcotráfico y la minería ilegal, entre ellos grupos disidentes de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
Camargo repudió cada muerte “por el impacto que tiene sobre las comunidades” y destacó que se dan “principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales”.
La Defensoría señaló que el 75% de los homicidios de líderes sociales se concentra en ocho departamentos: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Nariño y Caquetá. Además, los más atacados son los líderes comunales, indígenas, campesinos y sindicales.
El peligro sobre quienes defienden derechos en Colombia es permanente: este año se registraron más de 400 amenazas, 21 atentados y 10 desplazamientos forzados. La Defensoría cuenta con un sistema de alerta temprana que evalúa las situaciones de riesgo y advierte a las autoridades.
