Ciudad de México. El informe sobre desplazamiento forzado interno de 2020 que realizó la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos arroja que en la actualidad, el total de personas que han sido expulsados de sus territorios asciende -en el registro acumulado histórico a 356 mil 792 personas. En el reporte correspondiente a 2020 sumaron 9 mil 741 afectados principalmente por la presencia de grupos armados organizados, violencia política, conflictos sociales o territoriales.

En ese periodo se reportaron 24 episodios de desplazamiento interno de los cuales 14 obedecieron a la delincuencia organizada principalmente en Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, según el documento de la organización a partir de Observatorio de Desplazamiento Interno que opera desde 2014. “En México, se registraron múltiples enfrentamientos, ataques, e incursiones armadas, así como diversas formas de violencia que provocaron, entre tras afectaciones, el abandono obligado de demás familias e individuos de sus hogares”.

Conforme al documento que alerta sobre el entorno de este fenómeno, particularmente el impacto de la pandemia en ese año, subraya que “podemos destacar las afectaciones particulares y desproporcionadas en la población indígena, campesina y rural, quienes de manera adicional a su desplazamiento, tuvieron que enfrentar el aislamiento, la falta de presencia estatal, de infraestructura, de acceso a servicios de salud, tratamientos médicos y medidas de higiene”, con particular impacto en Ocosingo, Chilón, Chenalhó y Chalchihuitan, Chiapas.

Al respecto , el representante asistente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Joseph Herrero destacó la gravedad del problema a nivel mundial, pues impacta a 82.4 millones de personas, según el informe del organismo 2021. Sin embargo, en el caso mexicano, subrayó que la afectación es diferenciada, púes los grupos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, niños y comunidades indígenas recienten más el desplazamiento forzado por implica una doble discriminación.

En el caso de los pueblos originarios, Herrero enfatizó en el efecto social que tiene dada su relación ancestral con sus territorios: “El efecto en la población indígena por sus sistemas económicos, sociales y cultural asociado a la tierra, hace que el desplazamiento se convierta en una grave amenaza para las comunidades porque destruye modelos de vida ancestrales, estructuras sociales e identidad, poniendo en riesgo de desaparición a grupos enteros.

Herrero calificó el desplazamiento forzado como un “drama, un flagelo”, pero en el caso de las comunidades indígenas, por sus características de vinculación a sus tierras “pone en riesgo la supervivencia de pueblos indígenas”.