Ciudad de México. La militarización y su impacto en la situación de derechos humanos en México es un tema que desde hace 15 años ha preocupado a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de éste mismo, afirmó el representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado.

En un conversatorio sobre retrocesos en el modelo de seguridad, indicó que tras repasar los estándares internacionales y la relevancia del caso de la familia Alvarado, sobre la desaparición forzada de tres de sus integrantes por parte de elementos del Ejército, en 2009 en Chihuahua, “se puede observar que la militarización de la seguridad ciudadana ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia de México”.

Resaltó que las víctimas enfrentan serios obstáculos para obtener verdad, justicia y reparación, y para que los efectivos militares sean investigados y sancionados cuando cometen delitos y violaciones a derechos humanos.

“El sistema de justicia civil enfrenta retos—incluyendo retrocesos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el sistema acusatorio sobre los cuales nos hemos pronunciado– y ciertas acciones relacionadas con las autoridades militares que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones”, afirmó Fernández-Maldonado.

Recordó que 6 de las 11 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a México refieren a violaciones a las garantías por miembros de las fuerzas armadas. “Es gracias a las víctimas que denunciaron los abusos y a las organizaciones que le acompañaron que hoy el Estado mexicano tiene lineamientos claros sobre las medidas de prevención y no repetición, para evitar abusos como los ocurridos desde la así denominada “Guerra Sucia” hasta la actualidad”.

Subrayó que el regreso progresivo de las fuerzas armadas a sus tareas, el mejoramiento de los mecanismos civiles de rendición de cuentas, la colaboración de los militares con las investigaciones civiles y la desmilitarización de la seguridad pública “son requisitos esenciales no solo para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana mencionadas, sino también con las recomendaciones de otros órganos internacionales”.