La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde una nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, que actualiza los números de identificación comercial de los productos e incorpora cambios para clasificar mercancías, como drones, impresoras 3d, teléfonos inteligentes, kits de diagnóstico rápido para enfermedades o basura tecnológica.
Al describir el contenido de la ley, así como sus alcances, los diputados explicaron que no implica nuevos aranceles y, en cambio, deja atrás el viejo esquema de identificación que genera más costos para las empresas.
Carlos Noriega (Morena), quien presentó la iniciativa a nombre de la Secretaría de Economía, informó que la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, pidió que la nueva ley entre en vigor hasta junio de 2022, y no a partir de enero como se previó inicialmente.
Esto porque, explicó, el SAT tendría que armonizar el sistema para la nueva clasificación de mercancías.
El presidente de la Comisión, Jorge Inzunza (PAN), dijo que la víspera Buenrostro se comunicó con los diputados para solicitar la ampliación del plazo, al precisar lo complejo que sería incorporar la nueva identificación arancelaria a los sistemas tecnológicos del SAT.
De entrar en vigor el 1o de enero, las obligaciones para el SAT le provocarían “una carga excesiva, con el riesgo de generar un caos en las aduanas y las operaciones”, expuso el legislador. Ante ello, se dejó que la ley entre en vigor hasta junio del próximo año.
En el dictamen, la comisión explicó el alcance de la nueva ley:
“La identificación estadística de mercancías con mayor detalle, resulta cada día más necesaria, ya que, no sólo permite la identificación de flujos comerciales de interés y un diseño más preciso de políticas públicas; también beneficia en aspectos fundamentales, como un mejor diseño de auditorías de comercio exterior, la identificación del valor declarado para mercancías idénticas o similares, que prevenga y combata las prácticas de subvaluación e incluso para el desarrollo de investigaciones por prácticas desleales”.
