Joe Biden se convirtió en el primer presidente en la historia del país en elevar la lucha contra la corrupción financiera al máximo nivel al proclamar que es un asunto de “seguridad nacional” al presentar su estrategia para combatirla, aunque hizo mínima referencia a lo que muchos consideran la peor amenaza corruptora del país: el dinero privado casi ilimitado en las elecciones.

La llamada “Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción” presentada esta semana afirma que “la corrupción es un cáncer dentro del cuerpo de las sociedades -una enfermedad que deteriora la confianza pública y la capacidad de los gobiernos de cumplir con sus ciudadanos”.

Biden, en junio, declaró que la “corrupción amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, esfuerzos globales contra la pobreza y por el desarrollo, y la democracia misma”, y fue con ello que giró instrucciones para el desarrollo de la estrategia [https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf].

En la estrategia, Biden promueve lo que llama una “campaña” para identificar y perseguir a quienes están involucrados en lavado de dinero y otras maniobras ilícitas financieras tanto dentro de Estados Unidos como alrededor del mundo.

La estrategia busca examinar y evaluar empresas, banqueros, abogados que participan en ocultar o blanquear dinero, intensificar las investigaciones anticorrupción por los departamentos del Tesoro, Comercio, Estado, y mayor coordinación en el tema entre agencias de inteligencia tanto dentro del país como en el extranjero. Enfatiza las dimensiones “trasnacionales” de la corrupción y propone medidas para limitar “la capacidad de actores corruptos de usar los sistemas financieros de Estados Unidos y los internacionales para ocultar activos y lavar los ingresos de actos corruptos”, y por lo tanto propone mayor cooperación internacional en ese esfuerzo.

Algunos expertos afirman que la estrategia representa uno de los esfuerzos contra la corrupción más ambiciosos en la historia del país, y que si es implementada extensamente logrará reformas necesarias y urgentes ante lo que algunos críticos llaman una sistema financiero paralelo que opera casi de manera encubierta.

Partes de ese sistema financiero casi clandestino -conformado por empresas fantasma y fideicomisos bajo prestanombres- fueron reveladas por la explosiva investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conocida como los Papeles de Pandora en octubre, dentro de la cual estaba la sorpresa para muchos de que Estados Unidos se había convertido en uno de los paraísos fiscales más grandes del planeta.

La investigación reveló que Estados Unidos superó a Suiza como el país que más ayuda a millonarios alrededor del mundo a ocultar sus fortunas de las autoridades fiscales. Esta industria de servicios legales diseñados para ocultar fortunas está centrada en los estados de Dakota del Sur, Florida, Texas, Delaware y Nevada entre otros. Sólo en Dakota del Sur de identificaron fideicomisos establecidos para ocultar fortunas personales por un valor acumulativo de más de 360 mil millones de dólares, incluyendo cuentas de ex altos funcionarios y empresarios bajo investigación en varias partes del mundo [https://www.jornada.com.mx/2021/10/05/politica/002n1pol].

Estas operaciones son legales, pero frecuentemente empleadas para ocultar riquezas generadas por actividades menos inocentes, como el caso del famoso traficante de armas Viktor Bout, el dictador servio Milosevic o el indonesio Suharto y una larga lista más de ex mandatarios, empresarios y otra personajes bajo investigación que usaron empresas fantasmas en Estados Unidos para ocultar sus negocios ilícitos.

A la vez, la corrupción financiera, como bien lo afirma Biden y su gobierno, se extiende a otros rubros, incluyendo el político. De hecho, según el último informe anual de Transparencia Internacional emitido en enero, Estados Unidos está padeciendo su peor nivel de corrupción en casi una década. Su deterioro en parte es resultado de un desplome en la confianza sobre su sistema electoral generado no solo por desinformación sino por la inversión de montos sin precedente de dinero cuyas fuentes no son divulgadas.

Lo que en cualquier otro país sería considerado como actividad corrupta por definición, en Estados Unidos se inyectan sumas astronómicas de dinero privado en las elecciones nacionales, estatales y locales, todo de manera legal. Los donantes no tienen que ser identificados, y pueden evadir límites en contribuciones a través de varias maniobras.

La elección federal -presidencia y legislatura- de 2020 fue la más cara hasta la fecha, llegando a un total de casi 14 mil millones, más del doble del ciclo anterior en 2016, según la organización especializada Open Secrets. En 2020, 20 multimillonarios aportaron un total de 2.3 mil millones -cifra que es el doble de lo que gastó la campaña electoral de Biden.

Pero este tema no fue mencionado por Biden y su equipo como parte del enfoque de su combate contra la corrupción, y solo amerita una sola frase en todo el documento de su estrategia, donde afirma que el gobierno “abogará por mayor transparencia en el sistema de financiamiento de campañas [electorales} de Estados Unidos” y promete fortalecer las prohibiciones en intentos desde el extranjero para influir en las elecciones.