Ciudad de México. La economía mexicana se encuentra inmersa en una crisis energética de larga gestación y con profundas raíces estructurales, problema que fue magnificado por la reforma energética de 2013, señala Ramón Carlos Torres Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM.

De acuerdo con su libro La hora de la transición energética, publicado por Grano de Sal y la UNAM, las raíces de la crisis energética del país son estructurales, institucionales y políticas.

En su obra Torres Flores destaca que la principal causa que llevó al país a la crisis energética sin precedente fue la decisión de gobiernos anteriores de restringir el uso de recursos del erario para financiar las inversiones del sector, por lo que desde hace tres décadas abrió el espacio en generación eléctrica –sector clave en la transición– a la iniciativa privada, pero también abrió la puerta en el transporte y la comercialización de hidrocarburos, que en ese entonces eran actividades exclusivas del Estado.

El autor señala que si bien durante cuatro décadas la nación fue una potencia exportadora de crudo con alta capacidad de autosuficiencia energética, entre 2015 y 2018, después de la reforma energética impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los volúmenes de importación y exportación del energético se igualaron.

Con los cambios a la Constitución en 2013, señala el especialista en su obra, se formalizó de forma jurídica la entrada de firmas privadas al sector. Sin embargo, la instrumentación de la reforma energética falló, porque la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus ramos fue preponderante.

En entrevista a propósito del libro, Torres Flores, quien es maestro en administración pública en la Universidad de Harvard, comentó las fallas en la reforma energética de 2013: “se debe entender que el primer error se encuentra en sus objetivos al tratar de regresar a los niveles petroleros de años atrás.

La reforma energética de 2013 se planteó con ingenuidad, con falta de visión. El objetivo fue volver al sistema floreciente petrolero, fue para consolidar y ampliar el sistema de hidrocarburos, dijo antes de apuntar que no tenía sustento la iniciativa.

Agregó que las modificaciones al sector energético también tienen fallas en sus repercusiones, pues incluso considera que la transición energética fue más accesoria.

Torres Flores destaca en La hora de la transición energética que después de tres años de la actual administración los objetivos en el sector energético se han alcanzado: detener el declive en la producción de crudo y el avance de proyectos de inversión en el sector.

También destaca la intención del actual gobierno federal de rescatar a Pemex y CFE con la finalidad de dotarlas de recursos para superar su situación financiera, fiscal y operativa, pero también capacitarlas para que las empresas estatales garanticen la recuperación del sector.

El especialista subraya la búsqueda de cambios legislativos contrarios a la reforma de 2013, pues pretenden fortalecer y recuperar a las empresas estatales, luego de que cedieron terreno a las firmas privadas.

Sobre la propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 Constitucional, que busca fortalecer a la CFE, para devolver la operación del mercado eléctrico al Estado, comentó que es preciso definir la planeación como eje rector.

Apuntó que este factor debe ser democrático y participativo, pues planear es obligación del Estado. Es ahí donde esta iniciativa debería ser corregida, dijo.

México fue un país petrolero, ya no lo es. Si queremos seguir insistiendo en que tenemos que retomar el mundo petrolero, sin ver con claridad qué significa eso en términos de nuestras potencialidades (en energías renovables), en vez de que la transición energética sea un estímulo, va a ser un obstáculo.

En su obra, Torres Flores señala que el país enfrenta tres desafíos en el ámbito energético. El más urgente de ellos es preparar al sector para la reconstrucción económica después de la pandemia del Covid-19.

El segundo es alcanzar la autosuficiencia energética, por lo cual señala es necesaria una mayor diversificación hacia la eficiencia y las energías renovables. El tercero es dar cabida a la Constitución en ordenamientos más puntuales sobre los cauces institucionales que requiere la transición energética.

Comentó que en la construcción del nuevo paradigma energético lo que predomina es la incertidumbre, la duda de por dónde seguir, sólo se sabe que el sistema energético de recursos fósiles debe ser transformado por que no puede funcionar como lo está haciendo y produce una serie de trastornos.

Subrayó que el gran desafío al que se enfrenta la economía mundial es construir el nuevo paradigma energético bajo tres ejes: energías renovables, eficiencia energética y uso racional de hidrocarburos.

Destacó que si se busca resolver el cambio climático con una mayor igualdad de participación de las energías, además de seguir las tres rutas, se requiere electrificar a 50 por ciento del mundo, pues actualmente esa proporción sólo es de 20 por ciento.

Será hasta “mediados del siglo que pudieran aumentar las fuentes no fósiles hasta un 50 por ciento, pero el resto va a seguir siendo fósil.

El tránsito hacia un mundo con descarbonización va a ser lento, lo que sí se requiere es compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, agregó.