Ciudad de México. Entre septiembre de 2020 y junio de este año, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 219 sanciones a funcionarios públicos por un monto total de 3 mil 658 millones de pesos; se registraron mil 351 inhabilitaciones de servidores públicos; se aplicaron 599 suspensiones y 216 destituciones dio a conocer el titular de la dependencia, Roberto Salcedo al participar en el 10 Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina.
Durante su intervención destacó los avances pero reconoció que aún no están satisfechos en los resultados para abatir la corrupción en México. Reivindicó las posturas presidenciales en torno a la corrupción: “es insensato omitir que la corrupción es la principal causa de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales”.
Mencionó que de acuerdo a la medición anual de percepción de la corrupción: “México cuenta con avances en la materia. Conforme a los resultados de las ediciones de 2020 y 2021, nuestro país ha recuperado 14 posiciones y ha mejorado tres puntos al pasar del lugar 28 al 31 en tan sólo dos años. Esto nos sacó del semáforo rojo y nos colocó en naranja, si bien aún queda un largo camino por recorrer”.
El secretario aseveró que la mayoría de los estudios concluyen que el 80% de los actos de corrupción ocurren en la obra pública y en las compras. Con el propósito de detectar irregularidades en ambas materias, se estructuró una unidad
Citó dos instrumentos nacionales para ponderar los avances en materia de corrupción como la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental mediante la cual se identificó que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción a nivel nacional, entre 2017 y 2019, disminuyó en 4 puntos porcentuales. Esto se reflejó en la percepción de corrupción en el Gobierno Federal, la cual presentó una reducción de 20 puntos porcentuales. Se incrementó, pues, la confianza en este orden de gobierno, cuya medición aumentó 25 puntos porcentuales.
Salcedo aludió también a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. En 2020, este indicador evidenció que las unidades económicas que consideraron frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos disminuyó 10 puntos porcentuales de 2016 a 2020. Esta medición reveló que la tasa de víctimas de actos de corrupción por cada diez mil empresas se redujo de 561 a 510 y que la confianza en el Gobierno Federal creció en 35 puntos porcentuales.
