Buenos Aires. El juez Martín Bava procesó al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje a los familiares que buscaban respuestas acerca de lo sucedido con el submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017. Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un magistrado federal le asigna responsabilidad directa al ex mandatario.

El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticipar a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares, escribió el juez Bava en la resolución que se conoció ayer por la tarde.

El magistrado, además, embargó al ex presidente 100 millones de pesos (unos 943 mil dólares) y le prohibió salir del país. Macri, quien reiteró que es víctima de persecución política, recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde pidió viajar para participar supuestamente de una cumbre sobre el cambio climático.

Para Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes fallecidos, el fallo del juez es contundente, muy claro, muy preciso, refirió Afp. Siento mucho cansancio, estoy agotado, son cuatro años de lucha y todavía nos queda mucho camino por delante. Es un paso importante, pero falta mucho todavía.

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de la indagatoria a Macri. El líder de PRO (Propuesta Republicana, que forma parte de la coalición Cambiemos) fue inicialmente llamado a comparecer el 1º de octubre pasado. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de ese mes, pero no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo interrogarlo el 3 de noviembre.

En esa oportunidad, Macri no habló de la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido con el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo, así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.

El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava sorteó una segunda recusación que planteó el ex presidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado anti-PRO. Por el contrario, Brava no dictó la resolución hasta recibir a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre.

Según reconstruyó el juez, la AFI –desde su delegación de Mar del Plata– se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba interés nacional e internacional.

Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber qué había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas a la seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial, escribió Bava. La gravedad de los hechos aquí investigados, insisto, constituye no sólo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado, añadió.

En la causa ya había 11 procesados por el espionaje ilegal a las familias: el ex director general de la AFI Gustavo Arribas, la ex subdirectora general Silvia Majdalani, el ex director de Reunión Interior Eduardo Winkler, el ex jefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez, y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operativos de contraintelgencia del macrismo Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error, sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes del submarino.

La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre del año pasado con una denuncia que presentó la interventora de la AFI Cristina Caamaño ante la justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que el episodio debía indagarse dentro de una trama más grande de espionaje, como la que se investigaba en el juzgado federal de Dolores, entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión de Inchausti y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.

Para Macri no está dicha la última palabra. Horas antes de que Bava ordenara el procesamiento, el defensor del ex mandatario, Pablo Lanusse, había pedido a la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para correr al juez que subroga en Dolores.

En realidad, la meta última del ex presidente es que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo. Días atrás, el magistrado Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse ahí el caso o debe seguir en la justicia federal de Dolores.

Si pasara a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé antes de que le sacaran el expediente que tramitaba en esa jurisdicción.