Ciudad de México. El presidente del consejo de administración y propietario de 90 por ciento de las acciones de la aerolínea Interjet, Alejandro del Valle, quien fue detenido en septiembre pasado en Polanco por su presunta participación en el delito de fraude genérico obtuvo su libertad luego de exhibir una garantía económica ante un juez de control que lo vinculó a proceso.

El 9 de septiembre, el empresario de 63 años fue detenido en las inmediaciones del Club de Industriales, como presunto responsable de fraude genérico, según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.

Autoridades capitalinas señalaron que una vez que se aprobó la garantía económica, de la que no se dio a conocer el monto, la representación social de la FGJ no se opuso al cambio de medida cautelar que solicitó la defensa del empresario, por lo que el juez ordenó su inmediata liberación, por lo que no fue necesario que regresara al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

El hijo del empresario, Carlos del Valle, confirmó en redes sociales que su padre abandonó el reclusorio y posteriormente salió del país rumbo a Estados Unidos.

“Comentarles que hoy es un gran día para la familia del Valle, y después de un proceso de más de dos meses y medio, mi padre voló hace unas horas a su casa en Houston”,  dijo.

Agregó que el empresario “está con la familia, está excelentemente bien de salud y  continuaremos haciendo una gran labor por nuestro México, continuaremos con todos los proyectos que tenemos;  México nos necesita, continuaremos luchando por esa gran empresa Interjet que tenemos con tantos compañeros que necesitan que esta empresa se levante”.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos Financieros, en mayo pasado Del Valle fue acusado junto con otras dos personas, de la firma de un contrato de apertura de un crédito y un pagaré, del cual nunca se cumplió lo convenido.

En el crédito Del Valle actuaría como obligado solidario al asegurar, junto con esas personas, que tenía bienes societarios y personales suficientes para respaldarlo, aportando las constancias de las empresas y hacer creer que cumpliría con el pago fijado a 123 días.