Cuernavaca, Mor. El titular de la Fiscalía General de Morelos (FGE) Uriel Carmona Gándara, solicitó mil cuatro millones de presupuesto para el siguiente año, lo que representa un aumento del 30 por ciento en esos recursos "para la adquisición de un helicóptero", material que se utiliza en la investigación de delitos, adquisición de unidades y contratación de personal, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda, del Congreso local, Agustín Alonso Gutiérrez.

De acuerdo con éste, Carmona Gándara hizo esa solicitud en una reunión a puerta cerrada el 22 de noviembre pasado con los diputados de la comisión de marras.

De acuerdo con diputados presentes en el encuentro, el fiscal —a quien se le relaciona de manera estrecha con el exgobernador Graco Ramírez— pidió mil cuatro millones, cuando el año pasado se le otorgaron 738 millones 579 mil 688 pesos.

El 8 de octubre el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Antonio Ortíz Guarneros, dijo en una comparecencia ante el pleno del Congreso local, que “de octubre de 2018 a julio de 2021 se obtuvo cuatro mil 579 vinculaciones a proceso; esto es, que de las 115 mil 617 carpetas de investigación iniciadas y reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, sólo se ha judicializado eficazmente el 3.96 por ciento del total de las denuncias. Lo que equivale al 96 por ciento. Esta es la impunidad que hay en el estado señores”.

Fiscal señalado

Uriel Carmona Gándara fue propuesto por el exgobernador Graco Ramírez a mediados de febrero de 2018 —siete meses antes de que terminara su sexenio Graco en octubre del 2018—, como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos para ejercer el cargo durante nueve años.

Posteriormente fue votado y nombrado por la 53 legislatura —integrada por diputados del PRD, partido del que emanó el exmandatario—.

El último día de febrero de ese mismo año, Carmona reconoció que aún no había acreditado los exámenes de control y confianza para asumir como fiscal porque ese era un requisito que tenía cumplir a partir de su designación, no antes, justificó.

En diciembre de 2018, cuando ya era gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, éste solicitó al Congreso morelense la destitución tanto de Carmona, como del fiscal anticorrupción —también propuesto por Ramírez—; así también, de Juan Salazar, ex consejero jurídico de la administración del entonces gobernador predecesor, por considerar que ambos nombramientos violaron la Constitución local y las leyes generales de los sistemas nacional y estatal de Seguridad Pública.

Por su parte, la pasada legislatura —la 54, del 1 de septiembre de 2018, al 31 de agosto de 2021— no los destituyó a pesar de que Morena el PES y el PT eran mayoría.

En julio del 2016, antes de proponerlo, Graco Ramírez le entregó a Uriel Carmona Gándara la notaría número 6.

En septiembre de 2021, la cámara de diputados federal determinó que el fiscal general de Morelos no tiene fuero, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podría actuar en su contra dado que ese organismo lo acusa de haber hecho una serie de nombramientos en la procuraduría local de fiscales que no cubrían los requisitos para el cargo y no estaban certificados.

En ese contexto, el lunes 22 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Poder Legislativo de Morelos para que el máximo tribunal defina si el fiscal de ese estado, Carmona Gándara, cuenta o no con fuero.