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Peritajes sobre tragedia de la L12, “científicamente irrefutables”: Godoy

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La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. Foto Laura Gómez / Archivo
01 de diciembre de 2021 15:11

Ciudad de México. La titular de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy Ramos, aseguró que la investigación que se realizó sobre el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro se sostiene en peritajes que llevaron a resultados “científicamente irrefutables” sobre las causas del incidente.

En una mesa de trabajo que sostuvo de manera virtual con legisladores del Congreso capitalino dijo que el asunto ya está en manos del poder judicial, que en dos días iniciarán las audiencias correspondientes para determinar si hay o no responsabilidades y de qué tipo de servidores públicos, empresas y personas en lo individual.

Para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la ciudadanía de conocer que es lo que había pasado allí, Godoy explicó que el organismo se avocó en dos elementos importantes, una investigación documental “minuciosa, exhaustiva, profesional y muy seria en todos los archivo del programa de la Línea 12”, así como “un peritaje que nos permitiera tener una opinión irrefutable, científicamente irrefutables, a eso nos dedicamos cinco meses”.

Agregó que por otro lado está la reparación del daño, tanto a las víctimas directas como indirectas del incidente y en ese sentido reconoció la disposición de las víctimas de aceptar mecanismos alternativos resarcitorios, aunado a que iniciará en breve la rehabilitación material de la Línea del Metro.

La reunión se realizó como parte del proceso de análisis y dictaminación del presupuesto de egresos para 2022, en el que Godoy informó que el techo planteado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) asciende a 7 mil 200 millones de pesos, que significa un incremento de 41.8 millones respecto de este año.

Advirtió sin embargo que la dependencia enfrenta una situación “apremiante”, dado que el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía debió realizarlo a costos compensados debido a que no tuvo un presupuesto extraordinario y propuso inclusive a los legisladores considerar una reasignación de recursos del propio Congreso capitalino para la FGJCDMX.

Refirió que sólo en la creación de cuatro nuevas instancias que dispuso el mismo legislativo como parte de la transición, dentro de su estructura orgánica: la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, el Órgano Interno de Control y las fiscalías especializadas para la atención de delitos Electorales y en Combate a la Corrupción, que implican un gasto anual de 190 millones de pesos.

Antes, la fiscal general de justicia expuso los resultados del último año del ejercicio fiscal, hasta el cierre de octubre en el que destacó una disminución en la incidencia delictiva del 9.45 por ciento, una baja en delitos de alto impacto del 40 por ciento con respecto a 2019, un incremento en la eficiencia de la acción ministerial y de investigación reflejada en un aumento del 17.7 al 25.5 de vinculaciones a proceso en delitos de alto impacto.

Si bien reconoció que de los 14 delitos en esa clasificación, solamente el de violación ha registrado un incremento, lo que sin embargo dijo que se explica por un mayor empoderamiento de las mujeres y una mayor confianza en las instituciones para denunciar, al advertir que los hechos por los que se están iniciando nuevas carpetas de investigación ocurrieron en años anteriores.

En el caso del banco de ADN informó que está en la etapa de certificación y acreditación y estará operando en el primer trimestre del próximo año con una capacidad para procesar 6 mil perfiles genéticos al mes, lo que lo hace el de mayor vanguardia y más grande de América Latina.

Recordó que para su construcción la Fiscalía debió realizar reasignaciones en su presupuesto para su operación y funcionamiento requerirá de recursos “que tendremos que ir buscando, pues tan cada reactivo para obtener un perfil genético cuesta 7 mil 500 pesos, pero destacó la relevancia del banco, no solo para contener la información de los agresores sexuales, sino que tiene una gran capacidad para albergar los perfiles genéticos de  familiares de personas no localizadas o desaparecidas, como se está planteando a nivel nacional.

 

 

 

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