Ciudad de México. La tortura y malos tratos son un problema sistémico al interior de las instituciones de seguridad y justicia en el país, sostuvo el Alto Comisionado, Guillermo Fernández.

La tortura y los malos tratos “inhumanos y degradantes” no son casos aislado sino “síntomas de un problema sistémico al interior de las instituciones de seguridad y de justicia” en el país, sostuvo el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado.

En un taller virtual sobre la aplicación del Protocolo de Estambul y de los Principios Méndez, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que la amplitud y la normalización de estas prácticas que atentan contra la integridad personal responde a múltiples causas, entre ellas, la corrupción, la discriminación hacia determinados grupos en situación de vulnerabilidad e incluso la presión política para una resolución rápida de casos que son de especial relevancia o impacto social.

Destacó que según la documentación de este tipo de casos y los estudios en la materia, el arraigo de la tortura y los malos tratos obedece también a la falta de capacidad de las autoridades para realizar una investigación efectiva, “incluso de tener una interacción con personas que son entrevistadas” en el contexto de una indagación.

“Autoridades y funcionarios frecuentemente recurren a prácticas coercitivas para intentar subsanar u ocultar estas deficiencias profesionales y dar una apariencia de efectividad porque ofrecen información”, mencionó Fernández-Maldonado.

Se trata, dijo, “de un ciclo que es pernicioso pues no sólo se construye sobre la violación de los derechos de las personas que son entrevistadas, sino que convierte a todo el proceso penal en un mecanismo fraudulento de justicia y de solución de conflictos, que como resultado lesiona los derechos de la persona entrevistada pero también de la víctima” y de toda la sociedad. Al final, agregó, “es una nociva forma de encubrir la impunidad”.

El representante de la ONU-DH reiteró la necesidad de reivindicar la coherencia del protocolo de Estambul en México, “concibiéndolo como un manual para la investigación de la tortura y no sólo como una guía para exámenes médicos y sicológicos. Se debe reconocer también como una herramienta de defensa de la persona sobreviviente de la tortura”.

Señaló que una actualización de dicho protocolo será publicada muy pronto, lo que será “una gran oportunidad para emprender un proceso de fortalecimiento de la capacidad del Estado para aplicar este instrumento internacional que lleve también a reivindicar su sentido entre las personas operadoras del sistema de justicia”.

Al respecto, Juan Méndez, miembro de la Junta Directiva de la organización internacional Asociación para la Prevención de la Tortura, y ex relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mencionó que la actualización de dicho Protocolo no tiene el propósito de sustituir o derogarlo, sino aprovechar la experiencia de 20 años en su uso y también los progresos de la ciencia para ampliar y mejorar su impacto y aplicación.

“Incorpora progresos científicos en la detección de la tortura tanto médica como sicológica y también contiene instrucciones mucho más detalladas para los exámenes y más precisas sobre cuáles son los pasos que debe incluir el informe del examen practicado bajo el Protocolo”, dijo.

En tanto, Vilma Ramírez, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señaló que este delito “es una práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo momento. Es la expresión máxima del abuso de poder y una violación a los derechos humanos injustificable”.