Chilpancingo, Gro. Tras afirmar que “en la Montaña la justicia tiene precio”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que las dos Alertas de Género, (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado) en la región, “han sido letra muerta para las autoridades del estado.

En el caso de Tlapa, y en Ayutla de los Libres “cuentan con alerta por violencia de género desde junio del 2017.

En la Alerta de violencia feminicida, solo 10 medidas pudieron ser dictaminadas, de las 21 que se acordaron. Lo más grave es que no hubo avances en las medidas de justicia y reparación. Por otra parte, a 18 meses de la segunda declaratoria, los tres poderes del estado de Guerrero, han incumplido con las medidas dictaminadas, de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio”.

Desde Tlapa de Comonfort, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Tlachinollan insistió que “en la Montaña de Guerrero la situación de las mujeres indígenas es deplorable por el racismo acendrado que persiste en las autoridades encargadas de investigar los delitos y de velar por sus derechos”.

Las autoridades no implementan acciones efectivas para prevenir la violencia, añadió, “todo se circunscribe al ámbito mediático; no toman en cuenta la opinión de las mujeres; el contexto comunitario; su cultura, y su lengua. Nunca parten de la base comunitaria, más bien la excluyen”.

El grupo defensor de derechos humanos denunció muertes violentas, violaciones y violencia de género que sufre la mujer —en grupos etarios que va de la infancia a la adultez— en los municipios de Tlapa, Ayutla de los Libres, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatlahuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá.

Expuso que de los feminicidios “solo el 20 por ciento se ha procesado a los responsables y son muy contados los casos donde se han obtenido sentencias condenatorias. En su mayoría son deficientes los procesos penales, a causa de la indolencia y complicidad del órgano investigador que deja la puerta abierta para que los responsables puedan obtener su libertad”.

Por todo ello, exigió “que pare la violencia feminicida en Guerrero; que se detenga y castigue a los perpetradores de mujeres indígenas; que se realicen investigaciones diligentes, exhaustivas y prontas para castigar a los responsables de la violencia contra las mujeres; y que se implementen políticas integrales de prevención de la violencia feminicida, para su erradicación”.

En cuanto a los casos de desaparición forzada de mujeres, Tlachinollan apuntó que “la situación es sumamente crítica; las investigaciones no prosperan, ni se implementan las búsquedas con el pretexto de la pandemia. El trato que reciben las víctimas es despótico, con mucho desprecio, sin tomar en cuenta el contexto de violencia que enfrentan ni el temor que las inmoviliza y silencia”.

Además, agregó “se les pone en riesgo al filtrar la información de sus casos a los medios locales. Hay mucho descuido en los operadores de justicia porque no realizan las inspecciones de manera correcta, ni se asegura la escena del crimen. No se analizan los teléfonos de las víctimas para verificar algún dato que dé con los responsables. Carecen de peritos traductores para apoyar a las mujeres indígenas que son víctimas de la violencia. Son fallas estructurales que benefician a los perpetradores y reproducen el ciclo perverso de la violencia”.

Tlachinollan destacó que las mujeres en la región sufren violaciones y violencia doméstica, sobre todo por parte de sus parejas —y no se les cree e incluso se les señala en lo privado, e incluso los ministerios públicos las criminaliza—; pero en algunos casos, como el de una menor originaria de Tlaquilzingo, municipio de Tlapa; o el de Angélica “N” de la comunidad Yucunduta, municipio de Metlatonoc, por tergiversaciones o manipulación de los acusados sus demandas han sido revertidas.

Del 2020 a la fecha “registramos seis casos donde las mujeres que son víctimas de violencia, se encuentran procesadas y criminalizadas por sus mismos agresores. Tanto los ministerios públicos como los jueces y magistrados se han coludido con los perpetradores agilizando las investigaciones contra las mujeres agraviadas”, finalizó.