Ciudad de México. Al respaldar la labor de activistas en derechos humanos para defender a migrantes afectados por la masacre de San Fernando, Tamaulipas, la Oficina en México del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas “expresa su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado que supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista”, por parte de la Procuraduría General de la República entre 2015 y 2016.

El organismo internacional expresó su solidaridad con Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, Mercedes Doretti, especialista del Equipo Argentino de Antropología Forense y la periodista Marcela Turati subrayando que han hecho importantes aportación en la defensa de los derechos de los migrantes. Recordó que “las más altas autoridades de la PGR sostuvieron reuniones con las investigadas, en ocasiones en compañía de ONU-DH, y solicitaron su apoyo para el avance en la identificación de las personas asesinadas en las mencionadas masacres”.

Para ONU-DH resulta especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano “se desvíen hacia la investigación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las víctimas de la masacre de San Fernando o las de desapariciones, reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos”.

Tras recordar que este caso tiene semejanzas con el uso indebido del software Pegasus, utilizado por pasadas administraciones para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, exhortó a las diversas instituciones del estado mexicano a nivel estatal y federal identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades de investigación y espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma.

Demandó realizar las investigaciones de oficio “que permitan determinar las responsabilidades de quienes ordenaron, permitieron y realizaron este tipo de hechos. Finalmente, a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la repetición de este tipo de hechos en las instituciones del Estado”.