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Imputan a activistas amenazas contra directivo minero en Zacatecas

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El campesino y activista Roberto de la Rosa Dávila, delegado de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil. Foto Alfredo Valadez / Archivo
25 de noviembre de 2021 09:27

Zacatecas, Zac. Por haber incurrido en el supuesto delito de “amenazas” contra Jaime Alberto Morales Barrientos, directivo de la empresa minera Ocampo-Tayahua, de Carlos Slim Helú, un juez adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del municipio de Concepción del Oro —en el norte de Zacatecas— citó a audiencia de formulación de imputaciones al defensor del territorio Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal de la comunidad de Salaverna, y también a su hijo Cuauhtémoc Roberto de la Rosa, presidente del comité de posesionarios del lugar, para el próximo 3 de diciembre.

La notificación judicial se realizó mediante el oficio número 678/2021 del citado juzgado perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, derivada de la denuncia penal que en contra de los dos campesinos interpuso Morales Barrientos, y que dio origen a la carpeta de investigación con número 89/2020, es decir, evento que habrían ocurrido desde el año pasado.

Efraín Arteaga Domínguez, abogado de los dos labriegos y de los habitantes de la comunidad de Salaverna, que lucha contra el despojo por parte de esa minera operada bajo el sistema de mina subterránea pero que Carlos Slim Helú quiere modificar al método de explotación a cielo abierto, denunció a La Jornada que la notificación es ilegal y sería una maniobra más de la compañía extractiva contra quienes se oponen a ser despojados de sus viviendas.

Paradójicamente, señaló Arteaga Domínguez, la cita para presentarse ante un juez del ramo penal ocurre justo cuando los dos campesinos, en representación de su comunidad, han presionado al Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Zacatecas para que resuelva la demanda que ante esa instancia presentó Roberto de la Rosa Dávila, desde el año 2015, contra el intento de despojo por parte de la corporación minera.

Por tratarse de “tierras nacionales” (propiedad de la nación), los habitantes solicitaron a la Sedatu poder comprar los predios donde se asientan sus comunidades: Salaverna, Santa Olaya y Majadas. Posteriormente, la compañía acudió con la misma solicitud pidiendo ser ellos los adquirientes de 4 mil 650 hectáreas donde se ubica su mina y su territorio. La Sedatu resolvió darle “derecho de preferencia” a la minera de Carlos Slim Helú.

Además, en la víspera de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, este jueves 25 de noviembre —la noche del miércoles y la mañana del jueves—, a nombre de los campesinos Arteaga Domínguez pidió al mandatario mexicano evitar que la Sedatu, tercera involucrada en la demanda ante el TUA, “venda ilegalmente” a la minera el predio citado, “pasando por encima de los derechos humanos y de posesión de los habitantes de estas comunidades que detentan la posesión pacífica de estas tierras desde hace siglos.

“Este hecho es especialmente grave porque la Sedatu está tratando a toda costa de ejecutar una resolución corrupta, contra derecho, orquestada por Carlos Slim Helú, Enrique Peña Nieto, Rosario Robles (entonces titular de la dependencia federal), Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial, y Mario Miguel de la Fuente Zeind, director general de la Propiedad Rural”.

Desafortunadamente, señaló Arteaga Domínguez, a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto y todos los funcionarios de su gabinete ya no están, en el nuevo régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador “los abogados y directivos de la ‘nueva’ Sedatu actúan defendiendo a capa y espada a la minera Tayahua, tratando de imponer un resolutivo corrupto, que se emitió el 19 de julio de año 2018”; es decir, sólo unos días después del triunfo presidencial de López Obrador, pero antes de que tomara posesión.

En este contexto, Arteaga Domínguez pidió al presidente de la República instruir a los responsables de la Sedatu a nivel federal revisar el caso Zacatecas y anular el resolutivo de julio del año 2018.

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