La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), presentó la primera norma mundial sobre la ética de la Inteligencia Artificial (IA), adoptada por los estados miembros, para afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de la inteligencia artificial en los seres humanos. El texto establece valores y principios comunes que guiarán la construcción de la infraestructura jurídica necesaria para garantizar un desarrollo saludable de la IA.
Tras la presentación del informe en París, realizada por la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, Gabriela Ramos, directora general adjunta para el Sector de Ciencias Sociales y Humanas, y Dafna Feinholz, jefa de la sección de Bioética y Ética en Ciencia y Tecnología, encabezaron una conferencia de prensa para la región de América Latina y el Caribe.
Para la Unesco, las tecnologías de la IA están dando resultados notables en ámbitos muy especializados, como la detección del cáncer y la construcción de entornos inclusivos para personas con discapacidad. También puede ayudar a combatir problemas globales como el cambio climático y el hambre en el mundo y a reducir la pobreza optimizando la ayuda económica.
Pero, señala, la tecnología también está trayendo consigo nuevos retos sin precedentes. “Asistimos a un aumento de los prejuicios de género y étnicos, a amenazas significativas contra la privacidad, la dignidad y la capacidad de acción, a los peligros de la vigilancia masiva y al aumento del uso de tecnologías de la IA poco fiables en la aplicación de la ley, por nombrar algunos. Hasta ahora, no había normas universales que dieran respuesta a estos problemas”.
La recomendación tiene como objetivo hacer realidad las ventajas que la IA aporta a la sociedad y reducir los riesgos que conlleva. Garantiza que las transformaciones digitales promuevan los derechos humanos y contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordando cuestiones relativas a la transparencia, la rendición de cuentas y la privacidad, con capítulos políticos orientados a la acción sobre la gobernanza de los datos, la educación, la cultura, el trabajo, la atención sanitaria y la economía.