Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles hicieron un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Congreso de la Unión para que, conforme a sus competencias y facultades, activen mecanismos legales contra el Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que los proyectos prioritarios del gobierno federal se consideren de seguridad nacional, con el fin de “resguardar los preceptos constitucionales, tal como lo ha decidido el pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”.
En un comunicado conjunto, señalaron que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes pasado, “resulta problemático y de grave preocupación, ya que da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”.
Además, expusieron que “es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abra la posibilidad de reservar información relacionada con dichos proyectos”.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT), Serapaz. Servicio y Asesoría para la Paz y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros, indicaron que el Acuerdo instruye a las dependencias de la administración pública federal a otorgar su “autorización provisional” para dar inicio a las obras necesarias, “sin tener que esperar a que las licencias o permisos correspondientes sean otorgados bajo los procedimientos debidos”.
Añadieron que el citado documento fija también “un mal precedente al declarar como de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura que se consideren prioritarios y estratégicos, pues abre la posibilidad de que reserve información relacionada con éstos, sin reconocer que estas acciones deben llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.
Con ello, agregaron, “el acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”.
Las organizaciones señalaron que además, “al establecer como de interés público y prioritarias esas actividades, el Poder Ejecutivo contraviene también de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido”.
Este acuerdo, agregaron, “se suma a un marco normativo neoliberal vigente en México desde décadas atrás, como la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, que prevén estas actividades como de utilidad pública y preferentes frente a cualquier otro uso del territorio a costa de los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y equiparables, lo que se agrava aún más con este nuevo acto administrativo del Ejecutivo”.
